El Gobierno de la Nación ha confirmado que los internos del Centro Penitenciario de Alcolea en Córdoba "no disponen de conexión a Internet con la que cursar estudios a distancia", según ha advertido el diputado de Ciudadanos (Cs) Marcial Gómez tras preguntar al Ministerio del Interior por la ausencia de Internet de banda ancha en la cárcel, lo que, según traslada, impide a los reclusos acceder a los estudios de bachillerato a distancia.
En la respuesta del Ejecutivo central, a la que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que "la Dirección del Centro Penitenciario de Córdoba posee conexión a Internet, aunque esta no es de 'banda ancha'". Si bien, "la misma se considera suficientemente adecuada para los servicios que requieren una comunicación con el exterior".
En este sentido, el diputado ha señalado que "se reconoce que sólo la dirección del centro tiene conexión a Internet y que ni siquiera es de banda ancha", al tiempo que "la considera suficiente para las comunicaciones que se realizan con el exterior, pero no especifica cuáles son estas necesidades de comunicación", según ha puntualizado.
Igualmente, Marcial Gómez ha comentado que "se rehúsa contestar si la de Córdoba es la única prisión de Andalucía en que sucede esto, y tampoco si hay dificultades que impidan su instalación".
En su opinión, "es una pena que los internos de la prisión de Córdoba no puedan acceder a cursar estudios de bachillerato, por la desidia de las administraciones", puesto que "la Junta no contrata profesores que puedan impartir cursos de bachillerato --solo maestros-- y el Ministerio del Interior no facilita una conexión a Internet para estudiar a distancia", ha lamentado.
Así, el diputado de la formación naranja cree que "se conculca con ello la finalidad fundamental de las penas, que es la reinserción social, y todos sabemos lo importante que son los estudios y las titulaciones básicas para poder acceder a casi todo el empleo estable, o incluso a estudios superiores".
Según ha defendido Marcial Gómez, "como sociedad no se puede permitir poner barreras o límites a la formación, que supongan exclusión social y la pérdida de un futuro valioso y productivo".
Cabe recordar que en sus preguntas, el diputado también recogía que el Defensor del Pueblo Andaluz, en una resolución con motivo de una queja interpuesta, instaba tanto a la Junta de Andalucía, como a Instituciones Penitenciarias a solucionar el problema.
