La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha suspendido hasta el 28 de mayo el inicio del juicio al notario Carlos Alburquerque, ya jubilado, acusado de un delito continuado de apropiación indebida, tras supuestamente apropiarse de 373.484 euros de unas 126 operaciones con clientes entre 2005 y 2015.
Según han informado fuentes judiciales, el juicio está fijado hasta finales de junio y el procesado se enfrenta a penas de cuatro años de prisión, multa de 30.000 euros y el pago de una indemnización por la cantidad de la que presuntamente se apropió, según la calificación inicial de la Fiscalía.
En dicho escrito se apunta que el acusado en el año 2005 y de forma habitual entre 2009 y 2015, cuando se jubiló, recibió de distintos particulares y sociedades, "confiados en su credibilidad profesional", diversas cantidades de dinero como provisión de fondos, por cheque bancario o transferencia, para que llevase a cabo escrituras, liquidaciones de impuestos, actas o inscripciones en el Registro de la Propiedad.
Sin embargo, supuestamente "se apropió de las cantidades con ánimo de enriquecimiento ilícito, sin llegar a ejecutar efectivamente bien todos, bien parte de los trabajos encomendados", según el Ministerio Público, que detalla que para lograr ello "se valía de la empresa familiar, cuyo objeto social es el asesoramiento y tramitación de toda clase de documentos ante organismos públicos y privados".
A través de dicha entidad, añade la calificación, "se gestionaba administrativamente la documentación que se derivaba de las escrituras públicas, y en cuya cuenta bancaria de titularidad de la citada entidad se ingresaban las provisiones de fondos junto con las cuentas bancarias de titularidad del acusado".
En concreto, el notario presuntamente se apropió de importes en abril de 2005 y posteriormente desde principios de enero de 2009 hasta 2015. Las cantidades oscilaban entre 270 euros y cerca de 24.000 euros. En otros casos no hacía frente a los gastos de plusvalía de los clientes que luego pagaban con intereses de demora y sanciones.
Por otra parte, el fiscal considera que su esposa ostentó el cargo de administradora única hasta octubre de 2014, fecha en que lo asumió su marido, si bien apunta que "no ha resultado acreditado" que ella participara en la ejecución en la ejecución de los hechos relatados, pero "sí se benefició de las cantidades apropiadas por su marido".
Asimismo, el Ministerio Público indica que "no ha resultado acreditado, al menos a la fecha de presentación del escrito de calificación, que como consecuencia de los hechos, alguno de los perjudicados hayan visto frustradas sus expectativas de adquirir una vivienda como bien de primera necesidad".
"PREOCUPACIÓN POR LAS QUEJAS"
Cabe recordar que el Colegio Notarial de Andalucía abrió en 2015 una investigación ante las reclamaciones contra el citado notario, después de que presentaran las primeras reclamaciones y solo dos semanas después optó por jubilarse.
Así, el colegio hizo pública "su preocupación por las quejas recibidas de algunos ciudadanos sobre la actuación del notario", al tiempo que destacaron que aunque carece de competencia sobre un notario jubilado, se inició la investigación de lo ocurrido y, a través de la delegación del colegio en Córdoba, se atiende a los afectados y se les informa de la situación y de los pasos que se dan.
Igualmente, subrayaron que el Colegio dedicará "todos sus esfuerzos al esclarecimiento de lo ocurrido y a que se garantice el derecho de las personas afectadas a ser indemnizadas en caso de que se confirmen las irregularidades denunciadas".
Entretanto, desearon dejar constancia de que "las denuncias o quejas de los ciudadanos contra la actuación notarial son excepcionales, pues la actividad de los notarios no llega a generar ni un 0,1 por ciento de conflictividad".
