“¿Sabes en qué veo que las comiste de tres a tres? En que comía yo dos a dos y tú callabas”. El Lazarillo de Tormes.
El salario de los 350 diputados y 266 senadores de las Cortes Generales oscila al año entre los 56.000 y los 100.000 euros en base a si son miembros de la Mesa, participan o no en comisiones, si son portavoces de ellas, presidentes o vicepresidentes, adjuntos o secretarios de las mismas; también todos los que son de fuera de Madrid cobran dietas de alojamiento y manutención, a lo que se añaden viajes, ayudas al transporte de taxis, un kit de dispositivos digitales que les facilite su labor parlamentaria y el derecho a ser indemnizados. En total, 616 electos con sueldos que sólo perciben el 5 por ciento de la población española.
A ello hay que sumar los asesores, asistentes y asistentes técnicos en sus vertientes A, B y C que se dota a cada grupo parlamentario, coordinadores de grupo, directores de gabinete… María García Capa, por citar un ejemplo, es asesora de la vicepresidencia segunda del PP y percibe, por ello, un sueldo anual de 63.557 euros, a lo que se añaden ayudas, dietas… Según la web oficial del Congreso el PP tiene 137 diputados, como bien es sabido, y un asistente por cada uno de ellos, es decir, otros 137 asistentes: 274. Pues ninguno, parece ser, se leyó la Ley que podría rebajar penas a presos de ETA aunque solo fuera por interés o instrucción personal, por ocupar horas laborales, por tener lectura en el AVE de camino, por responsabilidad profesional, por justificar el sueldo, por ética, por auto convencerse de que votarán por convencimiento personal y no por mantener una disciplina de voto de partido que les convierte, por desgracia, en dependientes de la opinión de otros y, en consecuencia, en absolutamente prescindibles.
Para esto no se necesitan 350 diputados y, mucho menos, 350 asesores. De hecho, en las sesiones suelen estar fuera del hemiciclo y una alarma estridente les avisa cuando llega el momento de votar porque pueden estar de cháchara, tomando café o dando una cabezada y lo único imprescindible es que estén a la hora de pulsar el botón y no equivoquen el sentido del voto, lo de menos es que se hayan leído el texto que votan.
Es la prueba de la nula convicción que tienen nuestros representantes políticos sobre lo que votan, que siguen a ciegas la disciplina del voto que se les ordena. Por eso les importa nada saber lo que votan y mucho menos profundizar en el tema. El voto es pura pose política y para qué perder el tiempo en leer el texto de la propuesta. Dan por hecho que quien les dirige y los numerosos asesores sabrán el porqué del voto, no les merece la pena perder el tiempo en las funciones que los incautos votantes les han encomendado. El ridículo de los diputados del PP no es sólo eso, sino la visualización del desapego al trabajo por el que cobran. Y lo más grave es que no han cesado a nadie, ni al coordinador del grupo parlamentario, ni a asesor alguno, porque realmente todos debían de haber abandonado el escaño en bloque. Esto sin obviar la otra teoría que se mantiene: que sabían lo que votaban -son varios los municipios vascos en los que el PP cierra acuerdos con Bildu- pero ante sus votantes han podido hacer el papel de que se equivocaron porque nadie leyó el texto.
En la historia parlamentaria reciente ha habido muchos casos de supuestos errores de voto, diputados que votaron distinto a su grupo y salían diciendo que se equivocaron de botón. Fue muy comentado el voto a favor de la reforma laboral del diputado del PP Casero, justo el voto que faltaba para que el PSOE la sacase adelante. Según el diputado fue un error informático. Feijóo dijo que se había equivocado votando en el Senado a favor de la reforma para la elección de dos jueces del Tribunal Constitucional cuando el resto de senadores del PP tenían la orden de votar en contra. Ábalos votó en blanco en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional propuestos por el PSOE, fue un error dijeron. Siendo presidente Rajoy, votó en contra de una enmienda de su propio partido pactada con Nueva Canarias, también alegó error. Pablo Iglesias votó a favor del presupuesto de los Ministerios de Educación y Exteriores del gobierno de Rajoy cuando sus compañeros de fila habían intervenido oponiéndose a las cantidades, otro error dijo. Pedro Sánchez, en 2015, votó a favor de la propuesta del PP que eliminaba la posibilidad de que las jóvenes de 16 y 17 años pudieran interrumpir el embarazo sin el consentimiento de sus padres, se disculpó alegando que fue un error, que su voluntad era votar en contra. Demasiados errores que, si lo fueron, demuestran la irresponsabilidad con la que ejercen su voto en nuestra representación y, si no lo fueron, acreditan cómo engañan votando lo que consideran mejor y luego posando bajo la excusa de la torpeza.
El ex portero Juan Carlos Unzué fue noticia en todos los medios hace unos meses cuando recriminó la escasa presencia de diputados en unas jornadas sobre personas con ELA en el Congreso: “He contado cinco, imagino que el resto tendrá cosas importantes que hacer”, dijo. Fue tan impactante la imagen pública de estos enfermos ante una sala parlamentaria vacía que solo unos meses después el Congreso aprobó por histórica unanimidad una Ley que a estos enfermos les asiste y protege y para cuya aceleración parlamentaria ha sido necesaria esa imagen inicial mostrando el desinterés de la cámara. Porque a un político no hay nada que le siente peor que le saquen los colores.
Y con los colores sacados, el PP ha salido con esta demanda sin sentido porque un digital ha publicado que un anónimo afirma que dejó 90 mil euros en metálico en la sede del PSOE. Lo peor es que es tan burdo que ni se paran a cuidar la estética para montar un relato mínimamente creíble y no parezca lo que es, una cortina de humo donde cobijarse tras esta semana de pasión popular. Casualmente, unos minutos después sale la condena de diez años a Zaplana por el caso Erial y, con ello, se le recuerda al PP que precisamente no está para para presumir de palmito.
A continuación, la UCO sale implicando de lleno a Ábalos en el caso Koldo. Imputan nada menos que al Fiscal General del Estado por haber parado un bulo sobre la actuación de la fiscalía con el asunto de la pareja de Ayuso. Desde hace semanas nos entretienen con los audios del emérito con una de sus amantes, su chantaje y el pago millonario, parece que con fondos públicos. Una auténtica locura que quita la careta al sistema político, al entramado que ha venido sustentando esta democracia y no hay nada que haga pensar que vaya a cambiar. La corrupción política nunca ha sido un asunto que preocupe demasiado a los españoles, no cotiza a la baja en la urna e, incluso, los golfos y vividores tienen un público al que les provoca entre gracia y envidia. Es el espíritu que nos llega desde el siglo XVI con el Lazarillo de Tormes, quinientos años con los mismos vicios de un gen pícaro que ha mutado a formato digital, se ha globalizado y usa la inteligencia artificial, se conecta al segundo, pero su fondo tramposo es el de aquel lazarillo que sobrevive y crece depurando la técnica del engaño.
