El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María "ha dejado prescribir los ocho expedientes sancionadores que se le habían abierto a la empresa Aqualia y a la Sociedad Mixta APEMSA –gestionada por Aqualia- por incumplimiento del contrato eufemísticamente denominado “Selección de un socio tecnológico especialista en la Gestión Integral del Agua para la constitución de una Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María”", reconoce Ecologistas en Acción en nota de prensa.
El colectivo afirma que "este contrato supuso en la práctica la privatización de la empresa municipal APEMSA, que pasó a ser gestionada por Aqualia. El importe total de las sanciones podría ascender a 660.000 €, que se le han perdonado a esta empresa concesionaria".
Tal y como afirman
2los expedientes se incoaron a raíz del informe realizado en febrero de 2017 por el inspector municipal y Jefe de Servicio del Área de Infraestructuras y Urbanización del Ayuntamiento, que detectó un incumplimiento generalizado del contrato suscrito entre el Ayuntamiento y Aqualia en 2014 para incorporar a esta empresa privada al accionariado de APEMSA y cederle la gestión de la misma. Lo más insólito es que la inspección ni siquiera pudo comprobar el cumplimiento del 58% de los compromisos, por no haber aportado APEMSA la información requerida. Una empresa de mayoría municipal no se deja inspeccionar; el que su dirección esté en manos de un directivo de Aqualia puede explicarlo".
"En el mes de julio de 2017, el entonces alcalde David de la Encina firma un total de ocho Decretos por los que aprueba la incoación de otros tantos expedientes sancionadores contra la empresa Aqualia por “presunta infracción administrativa por incumplimiento del Pliego de Cláusulas Administrativas para la selección de un Socio Tecnológico en orden a la constitución de una Sociedad de Economía Mixta destinada a la gestión de los Servicios correspondientes del Ciclo Integral del Agua en El Puerto de Santa María, para determinar las presuntas responsabilidades susceptibles de sanción, imputables a la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua S.A., en concepto de responsable por el incumplimiento…”. Dos incumplimientos se califican de graves y seis de muy graves, pudiendo ascender las sanciones hasta los 30.000 € en las graves y hasta los 100.000 € en las muy graves".
Sigue la nota de Ecologistas en Acción que "Aqualia presentó alegaciones, y la inspección municipal respondió confirmando los incumplimientos del Pliego de Cláusulas Administrativas, y… nunca más se supo. Ahí quedaron los expedientes, que terminaron por caducar y prescribir, ya que las faltas graves prescriben a los 12 meses y las muy graves a los 24 meses. El Jefe de Servicio de la Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo advirtió, en informe fechado el 3 de diciembre de 2018, de la caducidad de los expedientes, y de la urgencia de incoarlos de nuevo ante la inminente prescripción de los mismos, prescripción que tuvo lugar en febrero de 2019, ante la indolencia del anterior equipo de gobierno. Ni David de la Encina, como alcalde y presidente de Apemsa, ni Carmen Ojeda como vicepresidenta de APEMSA y responsable del Área de Mantenimiento Urbano, hicieron nada para que se sancionaran estos incumplimientos de contrato detectados por la inspección municipal, que pueden haber supuesto un grave quebranto a las arcas municipales".
Y más aún, "desde 2017 no se supervisa si se cumplen las cláusulas del contrato, por lo que Aqualia puede estar incumpliéndolas con la absoluta permisividad municipal, del anterior y del actual equipo de Gobierno".
Por último, "tampoco se tiene constancia de la incoación de ningún expediente sancionador por incumplimiento del contrato de gestión de la EDAR a pesar de haberse constatado reiteradamente que no cumple con los niveles de depuración legalmente exigidos. Esta anómala y grave situación no extraña teniendo en cuenta la demostrada e interesada negligencia del Jefe de Servicio del Área de Medio Ambiente en la inspección de la empresa concesionaria".
Ecologistas en Acción pide al Ayuntamiento "que investigue las causas por las que se han dejado caducar y prescribir estos expedientes sancionadores a Aqualia, que se exija la supervisión y cumplimiento de los contratos con Aqualia, dotando a la inspección municipal de los medios adecuados, y que exija responsabilidades a quienes han permitido que se llegue a esta esta insólita y lamentable situación".