El Gobierno y el PSOE han pactado que la exministra de la UCD y exalcaldesa de Sevilla Soledad Becerril sea la próxima Defensora del Pueblo, informaron a Europa Press fuentes de la negociación. Becerril se convierte en la primera mujer propuesta para ocupar este puesto en la historia de la democracia española y sustituye en el cargo a Enrique Múgica, cuyo mandato terminó en 2010. Desde entonces, al frente de la Institución ha permanecido María Luisa Cava de Llano, pero como Defensora del Pueblo interina.
El nombramiento de Soledad Becerril deberá ahora ser refrendado por las Cámaras, ya que según la Ley Orgánica reguladora del Defensor del Pueblo, el candidato elegido debe contar con el apoyo de mínimo de 3/5 partes del Pleno del Congreso y, en un plazo máximo de veinte días, del mismo respaldo en el Pleno del Senado.
Becerril, nacida en Madrid en 1944, fue la primera mujer que accedía al Consejo de Ministros desde la Segunda República cuando Leopoldo Calvo Sotelo la nombró ministra de Cultura en diciembre de 1981, cargo que ocupó hasta 1982. Además, fue alcaldesa de Sevilla entre 1994 y 1999.
De la mano de UCD, accedió al Congreso en las elecciones generales de 1977 y en la primera legislatura del Gobierno de Adolfo Suárez. Posteriormente, también fue diputada por las filas del PP en las en la cuarta, quinta y sexta legislaturas. En 2004 fue elegida Senadora por Sevilla y en 2008, de nuevo diputada por Sevilla.
Es licenciada en Filosofía y Letras, especializada en filología inglesa, por la Universidad de Madrid, y tiene estudios en la Universidad de Columbia. Ha sido profesora en la Universidad de Sevilla y fundó la revista de información andaluza 'La Ilustración Regional', de la que fue consejera delegada. Becerril recibió en 2006 la Medalla de Oro de Andalucía.
La figura del Defensor del Pueblo fue creada en España por Ley Orgánica en 1981, aunque el primer titular de la Alta Institución no fue nombrado hasta el 30 de diciembre de 1982. Se trataba de Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, que contó con Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado como Adjunto Primero y estuvo al frente de la defensoría un mandato, es decir, cinco años.
Precisamente fue su adjunto quien le sucedió en el cargo, iniciando en 1988 el segundo mandato de la Alta Institución. Álvaro Gil-Robles fue Defensor del Pueblo de España entre 1988 y 1993, puesto que ocuparía entre 1994 y 1999 el tercer Defensor del Pueblo de la historia de España, Fernando Álvarez de Miranda y Torres.
El cuarto mandato, elegido en el año 2000, recayó sobre Enrique Múgica, que contó con María Luisa Cava de Llano y Carrió como Adjunta Primera y de Manuel Aguilar Belda como Adjunto Segundo del Defensor del Pueblo, cargos que ambos ocupan en la actualidad.
El mismo equipo fue reelegido cinco años después, gestionando así la Alta Institución hasta 2010, cuando con la salida de Múgica, se iniciaron dos años de interinidad con María Luisa Cava de Llano al frente.
CAVA DE LLANO, DOS AÑOS EN FUNCIONES
Cava de Llano, Adjunta Primera al Defensor del Pueblo desde 2000 y reelegida en 2005, fue nombrada Defensora interina el 30 de junio de 2010 y se ha hecho cargo de la dirección de la institución durante los dos años que han tardado Gobierno y oposición en ponerse de acuerdo para la renovación de su titularidad.
Nacida en Barcelona el 22 de mayo de 1948, casada y con tres hijos, es abogada no ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears, comunidad autónoma donde ha ocupado distintos cargos políticos. Además, fue presidenta de la Comisión Nacional de Drogas del Partido Popular y diputada en el Congreso en las Legislaturas V, VI, y VII. Es miembro del Consejo asesor para el mantenimiento, conservación y defensa del Derecho Foral de Ibiza y Formentera.
Como Adjunta Primera del Defensor del Pueblo, ha tenido a su cargo, entre otras funciones, las Áreas de Defensa e Interior; Justicia y Violencia Doméstica; Administración Económica y Asuntos Exteriores e Inmigración. Recientemente asumió el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, instituido en virtud de la ratificación por España del Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura.
