El secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO), Ignacio Fernández Toxo, ha calificado de "inoportuno" el anuncio realizado este jueves por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de hacer una ley de servicios mínimos para conciliar el derecho de huelga con los de los ciudadanos.
Toxo se ha manifestado a este respecto en declaraciones a los medios tras asistir a un desayuno informativo donde han intervenido los líderes sindicales regionales de CC.OO. y UGT, Jaime Cedrún y José Ricardo Martínez, respectivamente.
Según Toxo, Rajoy sabe de la disposición de los sindicatos y de CC.OO., en particular, desde hace muchos años a "discutir en frío los servicio mínimos en relación con los servicios básicos de la ciudadanía, pero no es al calor del un conflicto y por las presiones de los sectores más extremos de su propio partido que este tema deba resolverse".
El líder sindical aludía así a la huelga de limpieza viaria y mantenimiento de jardines de la capital, un conflicto del que no cree que se desprenda la necesidad de hacer esto que plantea el presidente del Gobierno, según ha señalado.
Por su parte, Cedrún ha manifestado que "cada vez que hay un éxito sindical, automáticamente se saca a pasear el derecho de huelga, el de manifestación y ahora el de servicios mínimos". A su juicio, "no hay ninguna justificación en el conflicto de limpieza y jardinería" para esta medida, ya que "ha habido tensiones pero no ha habido mayores problemas".
Para Cedrún, eso demuestra que "están al servicio de los empresarios, porque coincide con el éxito de unos trabajadores en sus reivindicaciones".
"El objetivo de esta ley es intentar convertir el derecho de huelga en un derecho testimonial", ha afirmado. Por ello, ha manifestado "firmeza" contra esta ley, a la que se ha referido como "la ley Botella de los servicios mínimos", y que "no van a poder llevar a cabo".
En la misma línea, Martínez ha adelantado que "cualquier limitación a un derecho constitucional va a contar con el rechazado incontestable de los sindicatos y de la UGT".
En este sentido, ha calificado de "inadmisible que se pretenda limitar un derecho que ejercen con responsabilidad tanto los trabajadores como los sindicatos" y ha anunciado que tomarán "las medidas legales y sindicales oportunas" una vez analizada la propuesta.
