La Guardia Civil ha asestado hoy un golpe al grupo de interlocutores de los presos de ETA y ha detenido a ocho personas, entre ellas los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, en una operación que, según el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es "un paso más" para el definitivo final de la banda.
Junto a Zulueta y Enparantza, han sido arrestados Egoitz López de la Calle, Aitziber Sagarminaga, José Luis Campos, Aintzane Orkolaga, José Miguel Almandoz y Asier Aranguren.
Todos ellos, salvo Almandoz -que estaba preso en Francia-, aparecen en la relación hecha pública en julio de 2012 con los 25 integrantes del grupo de interlocución, formado por personas ligadas a la izquierda abertzale, expresos y abogados, y cuyo objetivo era contactar con agentes políticos vascos e internacionales para tratar de buscar una solución a los reclusos de ETA.
Cinco días después de que los excarcelados por la anulación de la doctrina Parot protagonizaran en Durango (Vizcaya) un acto de apoyo al colectivo de presos etarras al que acudieron Zulueta y Sagarminaga, la Guardia Civil ha arrestado a esas ocho personas en País Vasco y Navarra.
Una operación no exenta de polémica después de que el Ministerio del Interior informara a las 15:06 horas de ella, aunque sin nombres ni número de detenidos, cuando todavía los agentes no habían salido de sus acuartelamientos para proceder a la entrada del despacho de Zulueta, donde estaba prevista una reunión de los interlocutores con el colectivo de presos EPPK.
Apenas media hora más tarde, Interior remitió otra nota anulando "a todos los efectos" la primera, pero, según han dicho a Efe fuentes de la lucha antiterrorista, la anticipación de este departamento ha podido provocar que los detenidos destruyeran algunas pruebas o encriptaran la información de sus ordenadores, lo que dificultará el trabajo de los agentes.
Precisamente, los investigadores han lamentado este incidente, toda vez que llevaban varios meses preparando la operación, que podría ser la última importante en España contra el entramado de ETA.
No solo a los agentes ha disgustado lo ocurrido. En la Fiscalía de la Audiencia Nacional también hay malestar y, de hecho, según han dicho a Efe fuentes fiscales, quiere investigar si lo sucedido ha podido malograr el resultado de la operación.
También el Gobierno vasco ha mostrado su "estupor" ante las "confusas y contradictorias" informaciones emitidas.
Ha ido más lejos y, en un comunicado, el Ejecutivo que preside Iñigo Urkullo ha deseado que estas detenciones estén "plenamente" justificadas en el "nuevo tiempo vigente".
Desde Sortu, su portavoz, Pernando Barrena, ha reprochado al Gobierno estos arrestos que, a su juicio, constituyen el "enésimo" intento del PP de "ahogar el proceso de paz".
La Unión de Guardias Civiles (UniónGC), a través de su portavoz, Santiago López, ha calificado de error "monumental" la anticipación del Ministerio y ha asegurado en declaraciones a Efe que, tal y como le han explicado agentes, "muy desanimados", se han perdido pruebas fundamentales como pendrives, discos duros y documentación en papel.
Los sindicatos policiales SUP y CEP han exigido a Interior explicaciones inmediatas y urgentes por poner en riesgo la actuación de los agentes de la Guardia Civil e, incluso, el primero de ellos ha pedido la dimisión del ministro.
Cinco horas después del primer comunicado, el Ministerio del Interior no se ha pronunciado sobre el incidente ni ha informado oficialmente del resultado de la operación, aunque el ministro, de viaje en Barcelona, la ha considerado como "un paso más en la batalla" para la disolución definitiva de la banda.
Y ha añadido que con ella queda desarticulado "el tentáculo que permitía a ETA controlar al grupo de presos que están cumpliendo condena".
Entre los detenidos, destaca Arantza Zulueta, que fue miembro de la organización ilegalizada Gestoras Pro Amnistía y ha sido abogada de numerosos miembros de ETA y de acusados en procesos contra organizaciones de la izquierda abertzale.
Tanto Zulueta como Enparantza, que aconsejó a ETA atentar contra dirigentes del PNV, como su entonces presidente y actual lehendakari, Iñigo Urkullu, han sido detenidos en los últimos años en diversas ocasiones, la última en 2010.
Ambos eran los encargados de mantener en las cárceles una férrea disciplina entre los reclusos y actuaban como "comisarios políticos" de los presos etarras, en palabras del entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Los otros seis detenidos son expresos de ETA, entre ellos López de la Calle, sobrino de Félix Alberto López de la Calle Gauna "Mobutu", y que fue absuelto por el Tribunal Supremo en 2007 en la causa sobre la ilegalización de Jarrai-Haika-Segi, después de que haber estado casi cuatro años en prisión y de una anterior condena a 3 años y 6 meses por esta causa.
Por su parte, Aitziber Sagarminaga fue condenada a cinco años de prisión por colaborar con ETA y a ella se le atribuye haber sido quien solicitó el alquiler del Kafe Antzoki de Durango, el local donde tuvo lugar el pasado sábado la comparecencia de los excarcelados de ETA por el fin de la doctrina Parot.
Expreso también de la banda es otro de los detenidos, José Luis Campo Barandiarán, "Fabrizzio", por la compra de componentes electrónicos para ETA y como responsable del aparato de reserva de la banda.
Aintzane Orkolaga, también interlocutora EPPK, fue detenida en 2001 en Francia en una operación contra los responsables de adiestramiento de la organización, mientras que José Miguel Almandoz Erviti ha estado preso en el país galo nueve años.
El navarro Asier Aranguren fue detenido en Francia en 2003 y acusado de ser el lugarteniente de la entonces responsable del aparato de información de ETA Ainhoa García Montero.
