La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha anunciado este lunes que su partido elevará al Consell de Garanties Estatutàries el dictamen de la ley de consultas --que está pendiente de la aprobación del pleno del Parlament--, así como la pregunta prevista para la consulta de autodeterminación del 9 de noviembre.
En rueda de prensa, ha explicado que pedirán al órgano consultivo de la Generalitat que se posicione tanto sobre si el redactado de la ley se adecua al Estatut y a la Constitución, como sobre si con esta norma es posible realizar la pregunta de la consulta del 9N sobre si Cataluña debe ser un Estado y si éste debe ser independiente.
Camacho ha argumentado que no se puede analizar la norma sin tener en cuenta el objetivo con el que la han impulsado los grupos soberanistas, por lo que ha sostenido que el Consell de Garanties Estatutàries debe analizar las dos conjuntamente: "Es una ley trampa para poder hacer un referéndum independentista".
"Vamos a solicitar al Consell si es acorde a la Constitución y al Estatut que se pueda hacer una pregunta para romper España en el marco de una ley de consultas autonómica", ha esgrimido la dirigente popular, que ha reclamado al PSC que se sume al recurso presentado por los populares para cuestionar la legalidad de la norma.
Camacho ha diferenciado el recurso que presentará su grupo del que han avanzado que presentarán los grupos que pactaron la consulta del 9 de noviembre -CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP--, ya que mientras ellos quieren "blindarla", los populares quieren evidenciar que es ilegal convocar el referéndum de autodeterminación.
La líder del PP catalán, ha asegurado que la norma "está viciada de inicio" porque aspira a vestir de legalidad un proceso que, ha dicho, saben que es ilegal porque una consulta de este tipo es competencia estatal y el Congreso ya ha rechazado esa posibilidad.
