Una veintena de emigrantes retornados ha vuelto a concentrarse este martes ante las puertas de la Delegación de Hacienda de Santiago de Compostela para reclamar que se modifique la ley 35/2006 y que les obliga a tributar a partir de 11.000 euros por contar con dos pensiones, una de ellas del extranjero, pese a que el máximo exento para el resto de jubilados es de 22.000 euros.
En este sentido, y en declaraciones a los medios, el portavoz del colectivo de afectados (en Galicia suman unos 250.000) de Santiago, Manuel Domínguez, ha explicado que se trata de una "penalización" a los trabajadores que han salido de Galicia para trabajar y denuncia que se produce una "discriminación" por este hecho.
Al respecto, ha advertido de que los emigrantes retornados seguirán las movilizaciones "con o sin ley mordaza", con la que ha mostrado sus discrepancias, pese a que, ha remarcado, el colectivo al que representa es "pacífico" y porque sus "fuerzas no dan para hacer cosas extraordinarias".
Manuel Domínguez también ha asegurado que volverán a insistir ante los representantes políticos e instituciones como el Valedor do Pobo, donde ya estuvieron pero "no hizo nada".
"Insistiremos para que se nos oiga y siempre presión en la calle. Donde haya un político, estaremos recordando que los diputados del PP aquí pueden votar una cosa, pero después en el Congreso en Madrid votan otra. Se lo diremos a la gente, en el momento en que haya elecciones, para que nos continúen engañando", ha explicado.
La problemática de este colectivo se debe a una inspección realizada por el Ministerio de Hacienda, relativa al periodo 2008-2012, y que le ha supuesto la reclamación de cuantías a retornados de entre los 3.000 a los 16.000 euros e incluso 30.000 o 40.000, en algunos casos, lo que supone una media de 10.000 euros para pensiones de 900 euros.
TEME QUE NO SE COBREN
Además, la Administración les ha impuesto multas e intereses de demora, algo que, tras las reclamaciones y protestas de los afectados, que empezaron hace año y medio, ha sido cambiado y se les va a devolver, pero teme que haya gente que se quede "sin cobrarlas". "Lo que hacen es devolver parte de lo que nosotros consideramos un robo", ha manifestado.
En este sentido, ha advertido de que, a partir de enero, quieren "regularizar el robo", ya que se mantendrá el máximo exento más bajo para los retornados que para el resto de jubilados. Sin embargo, es "cínico", a su juicio, que se diga que se ha cambiado algo.
"Somos gente pacífica, pero también acostumbrada a trabajar como negros; y estamos dispuestos a llegar a donde haga falta, con ley mordaza o sin ella", ha abundado Domínguez.
Los emigrantes retornados, que también han recurrido a la justicia, aseguran que las multas las han pagado para evitar "hipotecados o embargos" de Hacienda.
