La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto pedir este miércoles al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la imputación como persona jurídica del BBVA por un presunto delito de cohecho relacionado con la una operación de espionaje encargada en 2004 al comisario jubilado José Manuel Villarejo, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.
El escrito, que se presentará a lo largo de la mañana al magistrado que investiga el caso Tándem por las actuaciones irregulares del policía señala, según las mismas fuentes, que la sociedad habría podido incurrir en un delito tipificado en el artículo 424 del Código Penal al contratar los trabajos de Villarejo cuando éste aún ejercía labores de funcionario, unos trabajos que podrían haberse extendido hasta 2016, según revela la investigación realizada hasta el momento.
En concreto, el banco habría encargado el espionaje a diferentes personas contratando los servicios de Cenyt, grupo empresarial del comisario, con el objetivo de conocer diversa información relacionada con la constructora Sacyr.
PIEZA 9 DE TÁNDEM
Se trata de la pieza secreta número 9 de la causa, la relativa a los encargos que Villarejo habría estado desempeñando para el BBVA durante 13 años a cambio de una cantidad estimada en unos 10 millones de euros.
Esa pieza ha ido creciendo a medida que ha avanzado el trabajo de los investigadores. Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, podría considerarse una causa en sí misma, dada la abundancia de contratos y de aristas en cada uno de los trabajos que la mercantil de Villarejo, Cenyt, habría venido desempeñando para el BBVA desde el año 2004.
El pasado 4 de julio, El que fuera jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA Antonio Béjar González reconoció en la Audiencia Nacional que la empresa Cenyt estuvo contratada como proveedora en este departamento entre los años 2010 y 2013 para localizar morosos, aunque ha incidido en que desconocía que fuese del comisario jubilado y ahora en prisión provisional José Manuel Villarejo.
En la pieza ya hay varios imputados, entre ellos ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, a quien el juez dejó el libertad bajo fianza de 300.00 el pasado 5 de julio pese a que se negó a prestar declaración sobre este asunto.
Igualmente se investiga a otras ocho personas por delitos cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de Francisco González .
Se trata de la sustituta de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano, el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.
También están investigados el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, al miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas, que sigue vinculado al banco.
La parte más conocida de esta pieza que permanece bajo secreto es la relativa a la 'operación Trampa', el despliegue que habría orquestado el comisario para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.
Según publicaron Moncloa.con y El Confidencial, Villarejo facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que incluían la monitorización de más de 4.000 teléfonos y seguimientos a periodistas, empresarios y políticos entre entre 2004 y 2005, incluido el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián; personado como acusación en la causa.
Tras difusión de la existencia de aquellos negocios con Villarejo a principios de este año, el ya presidente de honor del BBVA Francisco González presentó su renuncia al cargo y la nueva presidencia encargó una auditoría y una investigación internas para esclarecer los hechos.
