Instituciones Penitenciarias confirmó en noviembre la clasificación en segundo grado de Rodrigo Rato, que desde principios de diciembre puede pedir permisos ordinarios al cumplir una cuarta parte de su condena por las 'tarjetas black', aunque en paralelo está a la espera de que se publique la condena por la salida a bolsa de Bankia, un caso en el que la Fiscalía elevó su petición inicial para solicitar otros ocho años y medio de cárcel.
Según explican a Europa Press fuentes penitenciarias, el pasado 22 de noviembre la cárcel de Soto del Real e Instituciones Penitenciarias decidieron mantener la clasificación inicial en segundo grado para Rodrigo Rato, el único de los 15 condenados que ingresaron en prisión por las 'black' que en la actualidad continúa en el régimen ordinario.
El expresidente de Caja Madrid, del Fondo Monetario Internacional y exvicepresidente del Gobierno del PP ahora tiene un plazo máximo de seis meses hasta que sea de nuevo revisada su clasificación penitenciaria por la condena de las 'tarjetas black'.
Al rebasar un cuarto de condena por las 'black', Rato puede solicitar permisos ordinarios de salida del centro penitenciario. El reglamento establece para los clasificados en segundo grado o régimen ordinario un máximo de 36 días al año, sin poder acumular más de siete días de forma consecutiva.
EL ÚNICO DE LAS BLACK EN SEGUNDO GRADO
Rodrigo Rato, de 70 años, ingresó en prisión el 25 de octubre de 2018 para cumplir la condena de cuatro años y medio impuesta por la Audiencia Nacional por apropiación indebida en el caso de las 'tarjetas black'. Tiene pendiente la sentencia del juicio por la salida a bolsa de la entidad financiera y también otro procedimiento por su patrimonio presuntamente ilícito, que aún se está instruyendo en los juzgados ordinarios de Madrid.
Rodrigo Rato es el único que continúa en la cárcel actualmente en segundo grado. En noviembre la cárcel también revisó el segundo grado del exconsejero de Caja Madrid a propuesta de IU José Antonio Moral Santín, que fue condenado a cuatro años.
Para este último, y a diferencia de Rato, la Fiscalía pidió la absolución en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, de ahí que desde noviembre sí disfrute del tercer grado o régimen de semilibertad. Lo miso ocurre desde septiembre con el exvicepresidente de la entidad Estanislao Rodríguez-Ponga, penado a tres años y dos meses, y antes con otra docena de internos.
Al ingresar en prisión, Rato pidió perdón. "Acepto mis obligaciones con la sociedad y asumo los errores que haya cometido. Pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas", dijo ante la prensa. Las citadas fuentes penitenciarias no tienen constancia de que el expresidente de Bankia haya disfrutado de permisos extraordinarios --por atención médica, por ejemplo-- en este año y dos meses transcurrido en la cárcel madrileña.
REVISIÓN CADA SEIS MESES COMO MÁXIMO
El Reglamento Penitenciario establece que "cada seis meses como máximo" los internos deberán ser estudiados individualmente para evaluar y reconsiderar, en su caso, todos los aspectos establecidos en el modelo individualizado de tratamiento al formular su propuesta de clasificación inicial.
Cuando la Junta de Tratamiento no considere oportuno proponer al Centro Directivo cambio en el grado asignado, se tiene que notificar la decisión motivada al interno, que podrá solicitar la remisión del correspondiente informe al Centro Directivo para que resuelva lo procedente sobre el mantenimiento o el cambio de grado. El interno tiene derecho a acudir en vía de recurso ante el Juez de Vigilancia.
El 3 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo confirmó la condena a 63 exdirectivos al acreditar el gasto de más de 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012, así como el uso personal de las tarjetas a sabiendas de que era una práctica ilegal y de que causaron un quebranto al patrimonio de la caja extinta.
Las penas oscilaron entre cuatros meses y cuatro años y medio de cárcel, que fue la impuesta a Rodrigo Rato, por un delito continuado de apropiación indebida por el uso fraudulento de las conocidas como tarjetas 'black'.
