El juicio por el accidente del Alvia del 24 de julio de 2013 en Santiago, que afronta desde la semana próxima su último mes tras su inicio el 5 de octubre de 2022, encara ese final tras el vuelco al retirar el fiscal Mario Piñeiro su acusación sobre el exjefe de Seguridad del Adif Andrés Cortabitarte.
Al inicio del proceso judicial, el Ministerio Público pedía para ese funcionario del administrador de infraestructuras ferroviarias, al igual que para el maquinista Francisco José Garzón Amo, cuatro años de cárcel por 80 delitos de homicidio debidos a imprudencia grave profesional y 145 de lesiones ocurridos por idéntico motivo.
Pero al inicio de la fase de conclusiones fue cuando se produjo el mencionado giro, un cambio de criterio que ha sido desacreditado por las acusaciones populares (Apafas y Plataforma de Víctimas 04155) y por el grueso de las noventa particulares, que en sus exposiciones están acusando doblemente, pero ahora ya sin el valioso respaldo de Fiscalía. El letrado Manuel Prieto, que asiste al conductor Garzón, llegó a decir que Piñeiro ha debido estar visionando "otro juicio".
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Pazo de Mariñán, en Bergondo (A Coruña), instalaciones a las que se desplazó el pasado día 23 con motivo de una nueva edición de la Escuela de Verano, rechazó en declaraciones a la prensa "injerencia" alguna en este proceso que se sigue en el juzgado de lo penal número dos de los compostelanos, que ha sido desplazado para la ocasión a una espaciosa sala de la Ciudad de la Cultura.
García Ortiz insistió una vez y otra, en sus palabras al respecto, en que los elementos probatorios eran los que debían "determinar" si la conducta de Cortabitarte era "digna" de acusación y, evaluado eso, la postura adoptada por Piñeiro es la que entiende como "adecuada".
A su modo de ver, basta con escuchar las argumentaciones dadas por su colega, en el sentido de considerar que el exdirectivo no ha infringido sus obligaciones, para comprobar que no ha habido sobre Piñeiro intervención alguna.
Que "la decisión del fiscal es la que respeta la Fiscalía General del Estado y es una decisión adecuada" fue la contundente observación de García Ortiz, que dijo ser consciente de que los "sentimientos" en esta vista oral son "muy profundos y muy poderosos".
Pero "con el más absoluto respeto" a ese dolor de las víctimas presente en todas las sesiones, defendió con rotundidad Ortiz la exculpación expresada por Piñeiro.
Y si la labor de Fiscalía es difícil, no menos compleja es, sostuvo, la de la magistrada, a la que no hay que añadir un "gramo" más de presión, pues ha de poner su firma sobre una decisión "cargada de justicia".
Del 24 de julio de 2013 al 5 de octubre de 2022, día de comienzo del juicio, pasaron 9 años, 2 meses y 9 días. La vista oral empezó tras una engorrosa instrucción con cambios de jueces y baile en las imputaciones.
En la víspera del día de Galicia de 2013, en la pronunciada curva compostelana de A Grandeira, descarriló un tren. Su conductor, Francisco José Garzón Amo, pasó esa doblez a más del doble de la velocidad permitida, que es de 80 km/h, e impactó contra un muro de hormigón.
Después, llegaron el humo, las luces que parpadeaban, los móviles sonando sin respuesta, la desolación, la desesperanza, los agentes de la Policía Nacional, de la Local, de la Guardia Civil, los voluntarios de Protección Civil y de Cruz Roja, sanitarios del 061, facultativos, enfermeros, trabajadores sociales, funerarias, bomberos, psicólogos... Y los vecinos del cercano barrio de Angrois, situado a las afueras de la capital gallega, que cooperaron en el auxilio.
La jueza María Elena Fernández Currás, titular del juzgado de lo penal número dos de Santiago, fue la responsable de la preparación y celebración del juicio oral, así como lo será de dictar sentencia.
De la parte correspondiente la instrucción se encargaron los magistrados Luis Aláez, quien la inició y continuó con ella hasta junio de 2014, y Andrés Lago, que la asumió desde julio de ese año hasta su finalización, en diciembre de 2021.
