La Fiscalía ha solicitado en sus conclusiones provisionales penas que suman hasta 7 años y medio de prisión para alguno de los doce acusados, entre ellos un agente de Policía, de fraude a la Seguridad Social mediante contrataciones ficticias en una explotación agraria de Zújar (Granada).
El Ministerio Público, según recoge el escrito de acusación al que ha tenido acceso EFE, atribuye al principal procesado delitos continuados contra la Seguridad Social, de falsedad en documento oficial y de revelación de secretos cometidos por funcionario público.
De acuerdo al relato de la Fiscalía, con la finalidad de defraudar al sistema de la Seguridad Social, uno de los acusados, puesto previamente de acuerdo con otras dos procesadas -ambas trabajadoras de una gestoría-, se ponía en contacto con personas a las que contrataba de forma ficticia en una explotación agraria de Zújar (Granada).
Se les daba de alta en la Seguridad Social y se hacía constar la realización de jornadas de trabajo que eran inexistentes, a cambio de lo cual, uno de los acusados percibía cantidades de dinero, sin que los trabajadores prestaran servicio alguno, con lo que obtenían el certificado de empresa que precisaban para el cobro de prestaciones.
De esta forma, el principal acusado dio de alta a trabajadores que consiguieron percibir indebidamente prestaciones y subsidios por desempleo sin haber desarrollado actividad laboral alguna.
De la misma manera, con la finalidad de proporcionar permisos de residencia o su prórroga, otro acusado localizaba a personas al objeto para redactar contratos de trabajo falsos y así dar de alta en el sistema de la Seguridad Social, donde constaba la realización de jornadas de trabajo inexistentes y en virtud de lo cual también se recibían cantidades de dinero.
Gracias a ello, uno de los acusados consiguió la renovación de la autorización de residencia temporal y trabajó por cuenta ajena entre julio de 2016 y julio de 2018.
Asimismo, el principal acusado, al margen de las funciones que desarrollaba en su puesto de trabajo como funcionario del Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, accedió a las bases de datos para consultar datos relativos a distintas personas.
Todo ello, añade el fiscal, sin hallarse habilitado para ello por razón de sus funciones y por tanto mediante la indebida utilización de claves para el acceso en distintos días.
Además de distintas penas privativas de libertad, el Ministerio Público ha pedido multas, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o gozar de beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social e inhabilitación.
Estos hechos serán juzgados a partir de este próximo lunes en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.
