En febrero del año pasado, los ocupantes de una narcolancha asesinaron a dos guardias civiles frente al puerto de Barbate tras arrollar la embarcación de los agentes. El dolor fue doble, ya que al resultado de la criminal embestida se sumaron los vídeos grabados desde tierra en los que se jaleaba a los delincuentes. Esta semana, la jueza que lleva la instrucción de los hechos ha denunciado ser víctima de un acto vandálico: encontró su coche con los neumáticos rajados y bañado en pintura negra en la puerta de su casa.
Hace mes y medio se difundió un vídeo grabado en la ría de Huelva en el que se veía a un grupo de narcotraficantes descargando fardos en una furgoneta y escoltados por varios tipos encapuchados con fusiles de asalto. La desembocadura del Guadalquivir ha sido asimismo escenario asiduo durante el último año de varias persecuciones: entre agosto pasado y febrero de este año han muerto tres personas como consecuencia de las maniobras arriesgadas que realizaban mientras trataban de huir de las embarcaciones de la Guardia Civil, que también cuenta con varios heridos entre sus filas en el desempeño de ese trabajo.
Muy cerca de allí, en Sanlúcar, todos fuimos testigos en febrero pasado del enfrentamiento, con embestidas de vehículos incluidas, entre dos clanes en plena calle -hoy día siempre hay alguien grabando y subiendo vídeos a las redes sociales en busca de likes y seguidores morbosos: la Policía Nacional también les estará eternamente agradecida-. A unos kilómetros de ese mismo lugar, en Rota, se registró hace unos días un tiroteo entre otros dos clanes que acabó con un muerto y un herido grave.
Esta semana, la Policía Nacional ha vuelto a establecer un dispositivo preventivo de seguridad en la avenida Blas Infante de Jerez para hacer frente a las carreras ilegales de motos convocadas por redes sociales. A diferencia de años anteriores, los participantes, muchos de ellos llegados de otras poblaciones, habían sido alentados para atacar a los agentes, a los que durante dos noches lanzaron piedras y extintores para impedir que desalojaran la zona, mientras unas 400 personas asistían desde las aceras al “espectáculo”.
Admito que este último incidente podría ser calificado como un hecho aislado, pero comparte con todos los demás una significativa escalada de la violencia para la que no hay precedentes en buena parte de la provincia de Cádiz, así como una extendida sensación de impunidad entre quienes protagonizan todas esas situaciones, y no por falta de efectividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
De todo eso, de la violencia, de la impunidad, del auge de los grandes cárteles de la droga, de la sensación de indefensión de los agentes de la ley, habla una notable película española, Tierra de nadie, estrenada este pasado viernes y rodada entre Cádiz y San Fernando hace un año. Sus protagonistas son un inspector de la Guardia Civil, un pescador reconvertido en pequeño capo del menudeo y un joven sin mucho futuro que sobrevive como depositario judicial. Tres personajes superados por las circustancias, como fuera de lugar, meros supervivientes en un hábitat cada vez más adverso y cuyas reglas sólo obedecen al poder del más fuerte, que suele ser el que maneja más pasta.
A la película le bastan dos secuencias para retratar este presente de ahora: la del control policial en el puente de La Pepa, como reflejo de cómo lo que hasta hace poco era rutina se ha convertido en nuestros días en un desafío, y la del discurso de Karra Elejalde ante un cargamento de cocaína, con el que describe la nueva, sofisticada y sobredimensionada realidad del negocio del narcotráfico.
No sé si son lo demasiado contundentes como para incomodar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que tampoco hay que olvidar que se presentó a las elecciones por la provincia de Cádiz, pero lo que cuenta se parece demasiado a los titulares y los vídeos que ilustran nuestras secciones de sucesos, y, la verdad, no parece que vayamos ganando.
