El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Baza continúa la investigación abierta al exalcalde de Zújar, Juan José Pérez (PSOE), y la que fue su primera teniente de alcalde, Rosario Moreno (PP), actualmente ambos en la oposición municipal, por la presunta comisión de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, tras la denuncia formulada por el Ayuntamiento de este municipio de la comarca bastetana gobernado desde 2019 por independientes.
Una vez les ha tomado en las últimas semanas declaración como investigados, este Juzgado de Baza ha llamado a declarar como testigo para finales de marzo a la secretaria del Ayuntamiento de Zújar, que estaba confinada en el marco de las medidas para frenar la pandemia de Covid-19 cuando fue citada anteriormente, según fuentes municipales zujareñas consultadas por Europa Press.
Una notificación remitida el pasado 29 de octubre por la Fiscalía Provincial al actual alcalde, Salvador Moreno, de Gente de Zújar, señalaba que su decreto de apertura de diligencias de investigación penal contra Pérez y Moreno fue tramitado ante el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, que posteriormente derivó la investigación al de Primera Instancia e Instrucción 2 de Baza.
Con registro de entrada en el Ayuntamiento el pasado 10 de noviembre, la notificación, consultada por Europa Press, señalaba que la Fiscalía dictó decreto en el que se acordaba formular denuncia por la presunta comisión de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.
El actual equipo de gobierno informó en una nota de prensa de que los hechos denunciados se referían a la supuesta desaparición de un informe encargado a una mercantil para que ésta investigara "una serie de publicaciones, mensajes e informaciones en las redes sociales" sobre personal del Ayuntamiento de Zújar en el ejercicio de sus funciones públicas.
Era un informe que, a la llegada de Moreno a la Alcaldía de Zújar, "aún no había sido presentado oficialmente en el Ayuntamiento" pese a que había sido "abonado en su totalidad".
Los hechos denunciados a la Fiscalía se remontan concretamente al 2 de noviembre de 2018 cuando, por decreto, Juan José Pérez, que fue alcalde desde 2017 a 2019, habría adjudicado como contrato menor dichos trabajos al objeto de la "realización de pericial sobre mensajes e informaciones que a través de las redes sociales se están publicando presuntamente sobre personal del Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones públicas".
Ese mismo día ya se habría procedido al abono a cuenta a la mercantil de 1.705 euros, según los datos facilitados por la actual corporación. "Con posterioridad, el 12 de marzo de este año, se vuelve a realizar una transferencia de 1.909 euros para proceder a la liquidación total de la factura por los trabajos y que ascendían a un total de 3.614 euros", agrega.
Sin embargo, el informe "no constaba que hubiera tenido entrada en el registro municipal ni tampoco figuraba en su expediente municipal correspondiente, habiéndose informado desde la Secretaría que se ignoraba el motivo por el que no constaba en sede municipal el referido informe y desconociendo su paradero".
Ante esta situación, desde la misma Secretaría se requirió formalmente al anterior alcalde para que diera explicaciones de lo sucedido, si bien habría aducido, según el Ayuntamiento, que "la persona que se encargó del mismo y que era el enlace entre el Ayuntamiento y la empresa era la miembro del equipo de gobierno anterior, la concejal del PP Rosario Moreno".
El actual alcalde, Salvador Moreno, indicó que el Ayuntamiento requirió a la empresa que indicara la realización de los trabajos y presentara el informe en cuestión a lo que contestó que "según refleja el albarán de entrega la firma y nombre que consta en la recepción del mismo es Rosario Moreno". Sin embargo, este informe nunca habría llegado a tener registro de entrada oficial en dependencias municipales.
Requerida la ex primera teniente de alcalde sobre "donde se procedió a depositar el informe y que procediera en su caso a registrarlo en el registro de entrada", y tras, según el Ayuntamiento, hacer "caso omiso" de esta petición, "el equipo de gobierno se ha visto en la obligación de poner los hechos en mano de la Fiscalía para que investigara lo sucedido por si los hechos relatados fueran susceptibles de una infracción penal, algo que ahora la Fiscalía ha entendido como presuntamente punible".
Según las fuentes municipales consultadas, Pérez habría defendido en el Juzgado, en su declaración como investigado, que desconocía donde estaba el informe, que, conforme a lo que expuso Moreno, habrían pedido a instancias de los asesores jurídicos del Ayuntamiento.
