Los restos hallados durante la pasada primavera durante las obras de rehabilitación del antiguo edificio de Hacienda en Huelva capital son, en palabras de la propia Junta de Andalucía, “los primeros vestigios que existen de la época tartésica que demuestran que el puerto de Huelva llegaba hasta esa zona”. Un hallazgo de tal relevancia que ha obligado a modificar el proyecto de la que será la nueva sede de la Administración autonómica en Huelva para la integración y limitación de la afección de los restos aparecidos durante la actividad arqueológica preventiva llevada a cabo.
No garantiza la protección de las estructuras correspondientes a los almacenes portuarios protohistóricos del BIC Zona Arqueológica de HuelvaLa propuesta de modificación del proyecto plantea, en relación a los restos arqueológicos encontrados en las fases primera y segunda a una cota más superior, “el desmontaje para su posterior restitución y puesta en valor en el hall de entrada de la edificación situado en la planta baja, de manera que queden visibles de manera permanente a todos los visitantes y usuarios del edificio”.
Y es precisamente el desplazamiento de estos restos lo que ha motivado que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, en su sesión del pasado 25 de julio, haya emitido un informe desfavorable en base a la propuesta de la Ponencia Técnica de Patrimonio Histórico.
Así, según reza en el acta de la sesión, consultada por Viva Huelva, el informe de la Ponencia Técnica asegura que la propuesta de modificación del proyecto “no garantiza la protección de las estructuras correspondientes a los almacenes portuarios protohistóricos del BIC Zona Arqueológica de Huelva”.
Para ello, se basa en el artículo 33.1 de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico Andaluza, que reza que “todo inmueble inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz es inseparable del lugar donde se ubica”, de modo que “no se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor que afecte a su integridad o de interés social y, en todo caso, previa autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico”.
A juicio de la Ponencia Técnica, “no queda justificada la remoción de las estructuras inmuebles del Bien de Interés Cultural”, haciendo referencia a unos hallazgos arqueológicos de los que destaca su “importancia y singularidad”. Por ello, insiste en “la búsqueda de soluciones técnicas que permitan la conservación ‘in situ’, evitando en los posible, y siempre que su interés no esté justificado, los traslados de bienes inmuebles y su adecuación en ámbitos ajenos a su descubrimiento”.
De hecho, la Comisión Provincial advierte que “no procede postular en el momento procedimental actual una propuesta de desmontaje, ni la definición de un proyecto que formule su posible integración en el edificio proyectado hasta tanto se hayan analizado pormenorizadamente las conclusiones preliminares de la actividad arqueológica, aún en curso de ejecución, y se hayan evaluado con suficiente rigor”.
Por todo ello, se informa “de manera desfavorable” a la solicitud de autorización para acometer las obras recogidas en la propuesta de modificación del proyecto, retomado por Tragsa el pasado año tras el parón de las obras.
