Un jurado popular ha declarado culpable este martes a un guardia civil acusado de pedir dinero --entre 3.000 y 4.000 euros-- al inquilino de una finca ubicada en Moguer a cambio de no denunciarle por una serie de irregularidades que supuestamente había encontrado en la citada finca, relativas a actividades de movimientos de tierra y desbrozado sin tener la autorización debida.
Según ha informado a Europa Press su propio letrado, Juan López Rueda, el jurado lo ha declarado culpable y ya ha anunciado, a la espera de la sentencia, que van a recurrir el fallo porque su cliente, tal y como ha mantenido en la vista oral celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, se considera inocente.
Se trata de la única manifestación que ha realizado el acusado después de acogerse a su derecho a no declarar por unos hechos por los que la Fiscalía le pide cuatro años y medio de prisión, el pago de una multa de 5.500 euros, a razón de diez euros diarios durante 18 meses, y la inhabilitación especial para las funciones del Cuerpo de la Guardia Civil por tiempo de nueve años, por un presunto delito de cohecho.
López Rueda ha basado su defensa en la inexistencia del delito de cohecho, ya que, a su jucio, "las irregularidades que presuntamente servían a esta persona para la extorsión no se han constatado".
El agricultor que presuntamente fue objeto de la extorsión, F.J.V., ha declarado que el acusado se puso en contacto con él y le comentó que se habían detectado "en la finca varias irregularidades relacionadas como el medio ambiente. Me dijo que no cursaría la denuncia si le daba 4.000 euros".
Tanto éste, como su socio, han negado que en la finca existieran las citadas irregularidades y ha indicado que, tras presentar la denuncia, actuaron "en todo momento como se les indicó por parte de los agentes que llevaban la investigación, autorizando el primero de ellos la intervención de su teléfono, y participando en el cebo que pusieron al acusado".
Cabe recordar que le dejaron una bolsa con el dinero en el interior de un sobre, cuya cantidad ascendía a 450 euros, envuelto en papel higiénico y botellas de agua y refresco, siendo recogida dicha bolsa por el acusado al día siguiente, momento en el que éste fue detenido.
Por todo ello, finalmente ha sido declarado culpable por el jurado popular y el juicio ha quedado visto para sentencia.