Investigan a la exalcaldesa de Isla por presunta prevaricación

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Ayamonte (Huelva) ha citado a declarar en calidad de investigada a la exalcaldesa de Isla Cristina, la socialista María Luisa Faneca, y a su exteniente de alcalde, Francisco Zamudio, como representantes legales de la Mancomunidad de Islantilla, así como al secretario interventor de la misma, y al representante de un hotel de la zona por presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y lesiones.
Según la citación judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, todos ellos tendrán que declarar en noviembre ante el citado juzgado en calidad de investigados por la actividad de un restaurante, en el citado establecimiento hotelero, como bar con música y discoteca, "sin tener licencia para ello".
La denuncia la interpone un vecino de la zona, colindante con ese establecimiento que dispone de un restaurante que "explota la actividad de restaurante con dos tenedores". No obstante, en la denuncia remarca que, "a pesar de que legalmente solo puede desarrollar dicha actividad, viene ejerciendo desde hace muchos años como bar con música y/o discoteca", tratándose de un establecimiento al aire libre.
El denunciante asegura que "desde hace más de diez años este local ejerce una actividad no autorizada ni autorizable dada las condiciones del mismo, desarrollando una actividad molesta e insalubre con equipos de música, D'j y actuaciones de toda índole con una contaminacion acústica inadmisible e insoportable en su vivienda y en la de otros vecinos y con infracción de horarios continuos", causándole a esta persona "una serie de trastornos como insomnio, ansiedad y cansancio".
A su vez, subraya que durante todos estos años ha formulado denuncias por estos hechos ante la Policía Local, la Mancomunidad de Islantilla, Junta de Andalucía y Defensor del Pueblo, así como otros vecinos desde el año 2002, "sin que se hayan adoptado medidas ni resoluciones para restablecer la legalidad en el club de playa".
Por su parte, reza en la sentencia, el Defensor del Pueblo ha emitido varios informes en el que pone de manifiesto "la situación injusta" padecida por el denunciante, así como "la falta de colaboración de la Mancomunidad" al no facilitarle documentación solicitada, y deja claro que "la permisividad del no cese de la actividad podría suponer la comisión de hechos delictivos como la prevaricación", remarcando "la actitud extraordinariamente pasiva de esa mancomunidad".
De igual modo, asegura que, a pesar de estas denuncias, la administración local "solo ha abierto un único procedimiento sancionador al año con multas de escasa cuantía y que posiblemente ni siquiera se hayan abonado".