Es el gran talón de Aquiles de Doñana y el que hace que el espacio natural más preciado de Europa esté mirado con lupa: el agua, ese recurso natural que tiene a los agricultores del Condado en pie de guerra, a los ecologistas presionando para un mayor control, a la Junta haciendo malabares para contentar a todos, y a la Unesco, ojo avizor.
Ahora mismo hay dos frentes abiertos: el conflicto con los agricultores y la delicada situación del acuífero, sobre la que está muy pendiente la Unesco.
Sobre el primer aspecto, la situación se ha recrudecido tras el cambio de táctica de los regantes del entorno de Doñana, que han levantado la acampada que mantenían desde hace 90 días a las puertas de la sede de la Junta en Huelva para iniciar una ofensiva judicial.
Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa el presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, Cristóbal Picón, que ha justificado la acampada, que pedía la revisión del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte, en el hecho de que la Junta “haya reconocido e incentivado los cultivos de regadío en zonas que ahora dice, aplicando la Ley Forestal de 1992, que no lo son”.
Ha incidido en que se presentarán contenciosos contra la Administración regional “porque consideramos que es responsable de la situación que estamos viviendo”, en referencia a la pérdida de miles de hectáreas de cultivo en el Condado por la aplicación de la Ley Forestal de 1992.
Los cinco ayuntamientos que forman parte de la plataforma -Moguer, Almonte, Rociana, Bonares y Lucena- están analizando las hectáreas afectadas en sus municipios. Las estimaciones de los agricultores apuntan a que se trata de unas 3.000 hectáreas las afectadas. Con esos estudios, cada agricultor presentará un contencioso de forma individual, y el objetivo es que “sea un juez el que nos diga si tenemos o no la razón”.
Mientras los agricultores defienden el uso agrícola de sus explotaciones, con el consiguiente derecho de riego, la organización ecologista WWF lanza la voz de alarma por el estado del acuífero de Doñana y ve necesario declararlo “en riesgo” por su “pésima situación”, basándose en el el informe que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) dio a conocer en el Consejo de Participación de Doñana, todo ello una semana después de que la Unesco alertara de que continuar con los niveles actuales de extracción de agua del acuífero para fines agrícolas supone una amenaza para el espacio natural.
La postura de WWF la comparte también la organización SEO/BirdLife, que ha reclamado “mayor contundencia y urgencia en la toma de decisiones” para evitar que la situación del acuífero de Doñana “sea irreversible”.
El informe sobre el estado del acuífero de Doñana de la CHG del año hidrológico 2015-2016, que acaba de ser publicado en el área documental del Espacio Natural Doñana, señala que la situación de la masa de agua subterránea es peor que a la que correspondería a un año de lluvias normal, como fue 2015-2016, y mantiene tres de las cinco zonas del acuífero en mal estado cuantitativo. Además, el 36% de los medidores de agua subterránea reflejan la situación de “en alarma”, destacando en toda la zona donde se concentra la agricultura intensiva de regadío.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha afirmado, respecto al informe, que aunque “tres de las cinco masas de agua están en mal estado, dos de ellas se encuentran en buen estado, incluso mejor de lo que estaban, en concreto las dos que están dentro del parque nacional”, por lo que asegura que “no hay situación de alerta” en el acuífero completo.
En cualquier caso, Fiscal señala que es un informe oficial “que se tiene en cuenta” y “no hace más que confirmar que hay que enfrentarse a ese reto, lo estamos haciendo y vamos a seguir por el camino que la Unesco ha reconocido que es el que debemos de seguir”.
Justicia
De otro lado, pero también vinculado con el uso del agua en el entorno de Doñana, este lunes se ha sabido que el Juzgado de Instrucción 2 de La Palma del Condado ha ordenado el procesamiento de los exalcaldes de Almonte, Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP) y 12 empresarios, administradores de seis empresas agrícolas, por un delito de los recursos naturales y el medio ambiente en Doñana. El juez también procesa a María Isabel Salinas y Judit Anda, exsecretarias generales de Agricultura, y Luis Planas, exconsejero de Agricultura.
En el caso de los empresarios, el auto señala que se infieren indicios de que cultivado frutos rojos en las tierras correspondientes al paraje Matalagrana desde mediados de los años 90, y en lo que afecta a la causa desde 2009 a 2012, haciendo “un uso indebido de los recursos hídricos disponibles en la zona”.
Por su parte, atribuye a los alcaldes “el consentimiento del uso indebido del agua de las parcelas de las que eran cesionarios, y a su vez, cedentes a los agricultores”; y a los excargos de la Junta los procesa por supuestamente consentir el uso de agua de las parcelas, de la que es titular la consejería, con “conocimiento de la falta de autorización”.
