Cerca de 10.000 personas se han beneficiado en la provincia jiennense del Decreto-Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes de Lucha contra la Exclusión Social en Andalucía puesto en marcha por la Junta, que "tiene voluntad" de renovar, según ha confirmado este lunes la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, Ángeles Jiménez.
Así lo ha señalado en el marco de la rueda de prensa que la delegada del Gobierno andaluz, Purificación Gálvez, ha ofrecido junto a la propia Jiménez para ofrecer un balance de cada una de las medidas puestas en marcha gracias a este decreto, que, según ha recordado la máxima representante del Ejecutivo autonómico en Jaén, "se aprobó para crear una red de seguridad para mermar desigualdades, que son fuente de exclusión social, de pobreza y de desafección".
Las medidas del decreto han sido analizadas en el marco del Consejo Provincial de Servicios Sociales celebrado este lunes y, según se ha destacado desde la Junta, han permitido "fomentar el acceso a la contratación como principal elemento de integración e inserción social", para lo cual ha contemplado, dentro del Plan Extraordinario de Acción Social, el Programa de Ayuda a la Contratación, que incluye las ayudas a los municipios para la contratación laboral por un periodo de entre 15 días y un mes para el desarrollo de actividades de "especial interés para la comunidad".
La totalidad de los ayuntamientos jiennenses solicitaron adherirse a las ayudas contempladas en el programa, dotado con 2,3 millones de euros que han sido ya "totalmente abonados" a los consistorios, que tenían como límite establecido en el propio decreto para formalizar los contratos el pasado día 4 de noviembre.
Los datos recogidos hasta el momento en 63 municipios de Jaén --que representan al 65 por ciento de los participantes-- sitúan en 2.185 el número de contrataciones que se han realizado hasta ahora, si bien se espera que éstas superen las 3.000, ya que el límite para la justificación por parte de los consistorios es hasta mayo de este año, según ha explicado Gálvez, que ha subrayado que con esta medida "se trataba de realizar contratos temporales para personas con riesgo o en situación de exclusión social que llevaran más de un año en situación de desempleo y con ingresos menores en la unidad familiar a la que pertenezca al 1,5 del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem)".
Por su parte, el Programa de Consolidación del Servicio de Ayuda a Domicilio, también incluido en el Plan de Acción Social y dotado con 2,3 millones, ha permitido, a través de ayudas a las entidades locales, "el mantenimiento de la dimensión horaria de la oferta de ayuda a domicilio", de forma que se ha dado cobertura a las necesidades de la población con esta prestación y, además, según han destacado las representantes de la Junta, se ha evitado la "pérdida de empleo" en el sector a consecuencia de las modificaciones normativas introducidas por el Real Decreto Ley 20/2012, que "limitaba" la prestación de dicho servicio.
En concreto, estas ayudas han permitido mantener el empleo a "unas 200 personas" y prestar servicio a "más de 1.900 usuarios". La intensidad del servicio de ayuda a domicilio financiado con cargo a este programa se ha determinado en número de horas de atención mensual, según las necesidades de la persona y del informe social, con un máximo de 20 horas mensuales, y se llevará a cabo mediante la transferencia de financiación a los ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y diputaciones.
SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA
Por otro lado, el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, que, en palabras de la delegada de Igualdad, "trata de poner al alcance de las familias en situación más difícil de los mecanismos para poder hacer frente a la necesidad básica de alimentación", ha estado dotado con 1,2 millones de euros, que, según ha precisado la Junta, se suman a lo que ya se está dotando en las convocatorias generales de subvenciones para hacer frente a estas necesidades, y ha funcionado a modo de red con el objetivo de "aglutinar todos los esfuerzos, tanto los que se hacen por parte de la Junta como de los colectivos, organizaciones y ONG que trabajan en este ámbito y a los que se les ha reforzado su labor".
De esta forma, gracias a él, según ha subrayado Jiménez, "se han reforzado con diferentes líneas de subvenciones a los agentes que actualmente están trabajando en este ámbito, como comedores, economatos sociales o provisión directa de alimentos, con los que se llega a las personas con riesgo de exclusión social, con problemas graves y a las Zonas de Necesidad de Transformación social".
Dentro de esta población con escasos recursos, la Junta ha destacado los colectivos de menores y personas mayores, en los que "se está incrementando más la pobreza y que tienen una mayor vulnerabilidad". Para los menores hay varias líneas de ayudas específicas, entre ellas, la ampliación de las ayudas económicas a las familias, dotadas de 317.900 euros, que se articulan a través de convenios con las entidades locales y que son "prestaciones temporales de carácter preventivo concedidas a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello".
La segunda línea es el reparto de tres comidas diarias en los comedores escolares, que garantiza la ingesta calórica a los menores en situación de riesgo de exclusión social. A día de hoy son cerca de 1.000 los menores que se benefician de estas tres comidas, y, según los datos facilitados por el Gobierno andaluz, en las Zonas con Necesidades de Transformación Social y en periodo estival se atendieron a 220 menores en cuatro escuelas de verano, que ofrecieron 40.000 comidas gracias a un presupuesto de 138.300 euros.
Para el colectivo de los mayores, se "ha reforzado" el Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa, con dos nuevos centros, donde se han ofrecido, hasta el momento, en torno a 11.000 comidas bonificadas al 50 por ciento. Además, hay una línea de catering a domicilio para las personas mayores de 65 años con bajos recursos que no puedan acceder al servicio de comedor, para el que se ha asignado una dotación presupuestaria de 41.000 euros. Ya se han aprobado siete proyectos a través de los municipios jiennenses que lo han solicitado a través de la orden de subvenciones y otros dos de entidades privadas.
INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD
Igualmente, el decreto contemplaba una serie de medidas para dotar de "mayor agilidad administrativa" al procedimiento para la concesión del Ingreso Mínimo de Solidaridad hasta que se apruebe la normativa reguladora de la Renta Básica y se ha ampliado presupuestariamente.
Del programa del Ingreso Mínimo de Solidaridad se han beneficiado 5.878 familias jiennenses durante 2013, un 55 por ciento más que en el año 2012, a las que se destinarán un total de 9.832.303 euros.
CONTINUIDAD DEL DECRETO
Al respecto de la continuidad de este tipo de medidas, la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha reseñado que la Junta "se ha comprometido a mantener la dotación presupuestaria" para este tipo de medidas y "va a seguir apostando por el Ingreso Mínimo de Solidaridad y por ofrecer la garantía alimentaria".
"Hay voluntad de sacar un nuevo decreto", ha confirmado Jiménez, ya que la intención de la Junta es "seguir protegiendo a los más débiles", para lo cual hay creados "grupos de trabajo" con ayuntamientos, entre otras entidades, si bien el Gobierno andaluz "tiene unos límites", según ha afirmado, para "amortiguar las medidas tan gravosas del Ejecutivo central".
