Vuelta al papel ante los fallos y las deficiencias en el sistema Lexnet. La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Jaén solicita al Ministerio de Justicia la “suspensión inmediata o moratoria” de la obligatoriedad para los profesionales de la justicia de la presentación telemática de escritos a través del canal electrónico Lexnet.
La petición nace de una decisión de la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) después de los numerosos fallos y deficiencias detectados en el sistema Lexnet, que se puso en marcha el pasado 1 de enero. En un comunicado, el decano del Colegio, Vicente Oya, asegura que “esta situación está provocando numerosos problemas tanto a los profesionales de la Justicia como a los ciudadanos a los que representan”.
En este sentido, el Colegio de Abogados de Jaén recoge las quejas de numerosos letrados jienenses, a los que el mal funcionamiento de Lexnet está provocando numerosas demoras e incluso la imposibilidad de presentar los escritos de forma telemática. “Esto está impidiendo que los profesionales de la Justicia podamos cumplir con la obligación que nos impone el Real Decreto 1065/2015, generando una situación de inseguridad jurídica y riesgo profesional para los mismos que el Colegio de Abogados de Jaén y el Cadeca se ven en la necesidad de amparar”, indica Vicente Oya.
La entidad colegial solicita al Ministerio de Justicia que los profesionales de la Justicia puedan presentar los escritos en formato papel, hasta que el correcto funcionamiento del sistema Lexnet garantice la necesaria seguridad jurídica con la que los abogados deben desempeñar su función constitucional de defensa de las partes en toda clase de procedimientos, salvaguardando de este modo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
Además, el Cadeca ha dado traslado de este acuerdo a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Consejo General del Poder Judicial, Consejo General de Procuradores de España, Consejo General de la Abogacía Española y Defensora del Pueblo para que conozcan el “grave “ que están padeciendo profesionales y ciudadanos representados.
