El parque eólico del Barroso aportará unos 90.000 euros anuales al Ayuntamiento de Jerez en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) e Impuesto de Actividades Económicas (IEA), según explica en una nota de prensa su promotora, la compañía Capital Energy, que ha cerrado además un convenio de colaboración con la Administración local con el objetivo de contribuir a descarbonizar la economía y transformar el modelo energético.
Este acuerdo se produce después de que en las últimas semanas colectivos y organizaciones de todo tipo se hayan mostrado contrarias al desarrollo de este parque eólico en una zona de viñedos.
La compañía aclara que a pesar de la polémica generada en torno a este proyecto, las obras siguen “avanzando” y propician “unos 115 empleos directos durante los periodos punta”.
Las previsiones de empleo estable son bastante más moderadas, toda vez que se estime que únicamente se precise la contratación de “cuatro profesionales de la zona”.
En materia de empleo, se subraya que para la puesta en marcha de esta infraestructura “se está contando con la participación de trabajadores locales gracias a un convenio previo firmado con el Ayuntamiento de Jerez”.
El parque eólico contará con una potencia instalada de 27,5 megavatios (MW) repartida en cinco aerogeneradores del modelo General Electric Cypress y será capaz de suministrar más de 65.000 megavatios hora (MWh) anuales, suficientes para satisfacer la demanda energética de unos 25.000 hogares andaluces, evitando la emisión a la atmósfera de alrededor de 24.000 toneladas de CO2.
Proyecto Territorios
El convenio suscrito con el Ayuntamiento se enmarca en el proyecto Territorios.
A través del acuerdo, el grupo renovable se compromete a impulsar, ya desde la presente fase de construcción de la citada infraestructura renovable, diversas actuaciones consensuadas entre ambas partes y que se ajustarán a las necesidades del municipio.
Estas acciones se enmarcarán en unas líneas de actuación concretas, entre las que se encuentran la mejora de infraestructuras y servicios, conectividad y digitalización, protección del patrimonio artístico y cultural, educación, salud e integración sociolaboral de colectivos desfavorecidos.
