La Junta ha reiterado su solicitud para que el Gobierno central autorice de manera excepcional el uso del activo Diflubenzuró para fumigar el Parque de Los Alcornocales, en Cádiz, ante el avance de la plaga de la lagarta peluda y el grave daño para la industria del corcho de la zona.
Más de la mitad de las 100.000 hectáreas de alcornocal de este parque, considerada la mayor extensión de este árbol en España, esta afectada por esta oruga que se come las hojas.
El grave estrés que le provoca al árbol se suma al deterioro del bosque por "la seca", como se conoce el proceso de su envejecimiento debido a las mayores dificultades para que crezcan nuevos árboles, y a la grave sequía que sufre este año.
El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, ha explicado hoy que la Junta trata de frenar la plaga con tratamientos terrestres y aéreos, con los tratamientos biológicos establecidos para ello y fomentado la presencia de aves predadoras de la oruga, entre otras medidas.
Este tratamiento, según el sector, no es tan efectivo como lo sería el activo fitosanitario Diflubenzuró, un tratamiento no selectivo y que fue prohibido hace años siguiendo las normativas europeas.
La Junta de Andalucía ha pedido autorización excepcional para usarlo ante la gravedad de la plaga en esta zona, para “combatir y resolver la grave emergencia ambiental y socioeconómica” provocada por la lymantria Dispar en el Parque Natural de Los Alcornocales, según indicado el consejero este miércoles durante la comisión parlamentaria.
La plaga afecta a los términos municipales de las localidades gaditanas Alcalá de los Gazules, Los Barrios, Castellar de la Frontera, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera y Medina Sidonia, y también a la localidad malagueña de Cortés de la Frontera.
Fernández-Pacheco ha recordado que el pasado 8 de marzo el director general de Política Forestal y Biodiversidad solicitó la autorización a la Dirección General de Sanidad de Producción Agraria, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En su carta recordó que este producto se había empleado en la zona durante veinticinco años, sin incidentes negativos para la salud humana ni para el medio ambiente y señaló que el tratamiento alternativo con la materia activa Bacillus Thuringiensis que se había empleado durante los años 2021 y 2022 “no es viable para el control de esta oruga debido a las grandes extensiones y la orografía compleja del terreno" por lo que el daño "no disminuye sino que aumenta”.
Tras la negativa del Ministerio de Agricultura a autorizar la fumigación con el activo Diflubenzur, la Junta dirigió una segunda petición al Ministerio para la Transición Ecológica, y recalcó la “necesidad urgente” de emplear esta materia activa porque “el alcornocal se está secando y el daño ambiental y socioeconómico puede ser irreparable”.
El consejero ha criticado que se haya recibido una nueva negativa.
“La solución a esta plaga la tiene el Gobierno central”, ha afirmado, tras defender que los ministerios “no se pueden escudar en la normativa europea para impedir el uso de esta materia activa” porque el artículo 53 del Reglamento de Fitosanitarios “contempla autorizaciones especiales de plaguicidas de forma controlada y limitada si fueran necesarios debido a un peligro que no pueda controlarse por otros medios razonables”:
El consejero andaluz ha señalado que expuso “incluso Verdemar Ecologistas en Acción ha remitido una carta al ministerio insistiendo en la necesidad de aplicar un tratamiento de choque excepcional porque consideran que la Junta de Andalucía no puede actuar sola ante esta plaga”.
