Las lluvias del mes de marzo y las crecidas del río han vuelto a poner en evidencia el riesgo al que se enfrentan los vecinos de la zona rural que tienen levantadas sus casas en zona inundable. Muchas de ellas, las denominadas “históricas”, entraron en proceso de legalización a partir de 2015 gracias a los Planes de Hábitat Rural Diseminado elaborados por el Ayuntamiento, pero desde entonces hasta hoy el incremento de viviendas “irregulares” en la zona rural ha ido a más, y muchas de ellas se están levantando sobre zona inundable, como acaban de comprobar sus propietarios este invierno. Según datos de la Delegación de Medio Rural, en 2016 se habían identificado 439 viviendas en suelo inundable; en la actualidad son 698, 259 más, o lo que es lo mismo, un 37% más en nueve años.
“Es un problemón muy grande”, exponía a Ana Huguet en el espacio El templete de 7 TV, la delegada de Medio Rural, Susana Sánchez Toro, que advertía de las consecuencias de esta nueva realidad, “porque se sigue parcelando y construyendo y la ciudadanía debe saber que cuando compre ese suelo o esa vivienda tiene que cumplir todos los requisitos, su cédula de habitabilidad, sus escrituras... y no ser susceptibles de engaño, porque hay gente parcelando y vendiendo a 20.000 euros con luz y agua de suministro agrario”.
Desde Urbanismo se viene actuando con la colocación de precintos, “pero la realidad es que la gente rompe el precinto y sigue construyendo, y la justicia es muy lenta, ya que para tirar una vivienda irregular en la zona rural tiene que decretarlo un juez, y la ley es muy laxa al respecto”, expone Sánchez Toro, que recuerda que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía han creado una mesa para frenar la construcción de más viviendas ilegales.
Desde el Ayuntamiento se reivindica la labor de legalización de las viviendas “históricas” de la zona rural, pero no las de nueva construcción, ya que este “incremento irregular nos trae problemas, porque la gente está construyendo en cauces de arroyo o desviándolos, y cuando llueve torrencialmente te encuentras los problemas”, lamenta la delegada.
A este respecto, expone que “antiguamente no había herramientas para conocer la idoneidad del suelo y se construía por necesidad, pero hoy día la gente debe informarse sobre si el terreno es edificable o no, o si está en un cauce. Después, si no hay cédula no se pueden poner contadores de luz y agua, ya que la ley no nos permite darle suministro”.
Sánchez Toro asegura que el Ayuntamiento tiene denunciadas muchas de las ofertas publicitadas en la zona rural -incluso nos muestra una que han dejado esa mañana en el buzón de su casa-, “pero la realidad es que siguen construyendo, ya que hacen falta diez multas coercitivas para que el juzgado ordene la demolición”.
Antonio Fernández, portavoz de Vox, subraya que uno de los problemas de ese crecimiento irregular se debe a la falta de control: “Hace veinte años había diez inspectores en Urbanismo, ahora hay tres. Si queremos actuar hay que reforzar ese área”, al tiempo que reclama la intervención del resto de administraciones, porque “falta voluntad política”.
Raúl Ruiz Berdejo, portavoz de IU, critica asimismo la “falta de herramientas de la administración pública para fiscalizar que eso no ocurra y evitar que el problema siga creciendo”.
Tanto él, como Jesús Alba, concejal socialista y residente en El Portal -él fue uno de los evacuados a mediados de marzo- defienden que se siga diferenciando entre los asentamientos históricos y las viviendas ilegales, aunque también “analizar caso por caso, porque hay familias que sólo dependen de esa vivienda”. En todo caso, y en eso coinciden todos, piden que se ataje el problema “de la mano de todas las administraciones”.
Alba, no obstante, introduce otra cuestión: la intervención sobre el río Guadalete para evitar que siga desbordándose con futuras crecidas, ya que “hay un problema con la caja de profundidad, que es mucho menor en la actualidad y eso es lo que lleva a ocupar espacios que no ocupaba hace 50 años. Es un río que, desde Arcos, es llano, plano, sin desnivel, y hay mucha sedimentación, por lo que de 10 metros de profundidad se ha pasado a 4, y hay que hacer un plan integral de limpieza del río para recuperar profundidad”.
Sánchez Toro, por su parte, defiende la “gestión importante del río” que se ha realizado durante marzo, con desembalses controlados, y la previa de limpieza que es la que “ha favorecido que las crecidas no han sido mucho más dañinas”; incluso se ha traído una máquina desde Suiza para limpiar el cauce de enea dentro de una intervención “pionera”.
