Este lunes se cumple el primer aniversario del apuñalamiento que se cobró la vida de Jairo Gómez, ocurrida en el botellódromo a primeras horas de la madrugada del 22 de julio pasado. La familia del joven espera impaciente el inicio del juicio, que se llevará a cabo en la sección octava de la Audiencia Provincial a partir del 27 de septiembre.
Poco después de producirse el homicidio ingresaron en prisión preventiva el presunto autor material de los hechos, Jaime D.R., y Fernando R.M., que le habría facilitado la navaja con la que se cometió el crimen.
Desde entonces hasta ahora, la acusación particular ha pedido al Ayuntamiento que acredite que el botellódromo -que es un equipamiento municipal- contaba con todas las medidas de seguridad necesarias para acoger este tipo de concentraciones juveniles.
Ayer, Rocío Gómez, hermana del menor fallecido, aseguraba que el Consistorio no ha ofrecido aún la información requerida. “Algunos testigos han asegurado que no había el número de efectivos de la Policía Local necesarios, que no estaban en su sitio, que la ambulancia llegó tarde... Cuando tardan tanto en entregar la documentación es porque igual no se cumplían todos los requisitos de seguridad”, explicó.
El propio abogado que ejerce la acusación particular, Alfredo Velloso, ha avanzado a la familia que el Ayuntamiento tendrá que responder cuando finalmente la Audiencia Provincial le reclame toda esa información, algo que parece tranquilizar a la familia.
Sea como fuere, Rocío es de la opinión de que la muerte de su hermano no ha implicado un aumento de las medidas de seguridad en el botellódromo. “Para nada se han tomado medidas, porque allí sigue habiendo peleas y la Policía no controla si entran menores o no a un lugar en el que supuestamente se bebe alcohol, ni en qué condiciones lo hacen”, subraya.
El fiscal pide para cada uno de los encausados 15 años de prisión como autores de un de presunto delito de asesinato, además de 102.000 euros de indemnización para la familia de la víctima.
