La asociación de padres y madres de alumnos Cerro Redondo sigue exigiendo a las autoridades municipales y autonómicas una mayor seguridad en el centro educativo, con motivo de las ocupaciones ilegales de las viviendas de maestros hace varios meses. Sin embargo, los menores tan solo cuentan con la vigilancia de agentes de la Policía Local a la entrada y salida del colegio, tal y como es habitual en el resto de centros del municipio.
La valla de seguridad que instaló el Ayuntamiento, a petición de los padres, continúa en la zona hasta que haya una solución. Sin embargo, los vigilantes que ofreció al colegio durante varios días dejaron de prestar sus servicios el pasado día 13 de febrero, ya que dicha seguridad es competencia de la delegación provincial, la cual no ha respondido aún a las reiteradas demandas de la asociación, por lo que todavía no se descartan tomar nuevas medidas de presión.
Juicio
No obstante, desde el Ayuntamiento están intentando acelerar el proceso judicial para que se proceda lo antes posible al desalojo de las viviendas que están ocupadas de forma ilegal. El próximo martes día 3 de marzo está previsto que los ocupantes declaren de nuevo en el juzgado de lo penal, tal y como ya hicieran el pasado 3 de febrero, por la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento, ya que mientras el juez no decrete una orden de desahucio, las autoridades municipales no pueden proceder a desalojar a las familias okupas.
Por otro lado, el juicio por las supuestas agresiones verbales sufridas por miembros del AMPA a manos de una familiar de una ocupante ilegal tiene previsto celebrarse el día 10 de marzo, tras ser aplazado a mediados de febrero, además de haberse bajado la amenaza de delito a falta.
Por todo ello, la asociación de padres y madres de alumnos continúan con una gran preocupación por la situación que padecen los menores, por tanto, seguirán reclamando una solución inmediata, ya que a pesar de haber mantenido una reunión hace casi un mes con el delegado provincial de Educación, Manuel Brenes, no han tenido respuesta satisfactoria al respecto.
De todas formas, habrá que esperar hasta la celebración del juicio para conocer probablemente una fecha que determine cuando se procederá al desalojo de los ocupantes de las viviendas. Mientras, se preve que los alumnos del centro continuarán asistiendo a sus clases con normalidad a pesar de carecer de vigilancia policial.
