Corría el año 1997 cuando el Gobierno de España, atendiendo a las competencias propias de las Comunidades Autónomas y mediante decreto, transfirió a la Junta de Andalucía determinadas atribuciones en materia de justicia. Específicamente por el Real Decreto 142/1997, de 31 de enero, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
En este Real Decreto se establece que el Estado transfiere a la Comunidad Autónoma de Andalucía las competencias para la provisión de los medios materiales y económicos necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia, incluidos los Juzgados de Paz y de forma concreta, entre otros, los siguientes aspectos: la adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la preparación, elaboración y ejecución de los programas de reparación y conservación de los edificios judiciales y su inspección en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y la gestión de las indemnizaciones, en su caso, de las actuaciones correspondientes a la defensa por Abogado y representación por Procurador de los Tribunales en turno de oficio ante los órganos judiciales con sede en la Comunidad Autónoma de Andalucía y a la asistencia letrada al detenido o preso cuando el lugar de custodia esté situado en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como la instalación y puesta en funcionamiento de órganos judiciales de nueva creación con sede en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Diecisiete años más tarde, el panorama no puede ser más decepcionante. Hacinamiento en sedes judiciales, un gasto de 13 millones anuales en la provincia de Cádiz en alquileres de sedes judiciales y ninguna inversión a la vista. Retraso de un año en el pago de las cantidades pendientes por el turno de oficio y, mientras tanto, sus compañeros del PSOE e Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados más preocupados por impartir justicia en China o en el Tibet que en arreglar los problemas de Andalucía. Ya ni nos acordamos de las veces que el anterior consejero de Gobernación y Justicia, el señor Menacho, visitó Jerez para hacerse la foto en todos los solares libres que existían en nuestra ciudad prometiendo la ansiada Ciudad de la Justicia. Chapín, Montealegre, Zona Norte…. Sólo le faltó hacerse la foto en la Plaza del Arenal y en el Estadio Municipal de Chapín para tener el álbum completo. Y el remate fue, a pocas semanas de las elecciones, su insistencia en que el inicio de las obras era inminente. Ver para creer. diecisiete años más tarde, de vueltas con la justicia. Si no pueden, no saben o no quieren, lo mejor que podrían hacer es devolverle las competencias al Estado por el bien de los ciudadanos.
