Moya se enfrentaba, en base a los cargos presentados, a una medida disciplinaria que podía ir desde los seis meses hasta incluso la expulsión del cuerpo, por lo que en caso de que el máximo responsable de las fuerzas y seguridad del Estado diese por buena la sanción sería el mínimo de lo que se contempla dentro de las faltas “muy graves”.
Esta petición coincide con la que propone el instructor del caso del secretario de comunicación de AUGC a nivel nacional, Juan Antonio Delgado, destinado en la Comandancia de Cádiz, y con quien se puso ayer en contacto EL FARO INFORMACIÓN para conocer sus impresiones al respecto.
Delgado, quien no se mostró sorprendido por los seis meses que solicitan para él y los otros cinco agentes expedientados, recordó que “ya tenemos la experiencia de la sanción que nos impusieron por la manifestación del año anterior”, y se mantuvo en la opinión de que “hacemos algo legítimo, legal e incluso necesario”, ya que, como ya manifestaron en una concentración realizada a las puertas de la Comandancia de Algeciras a finales del mes de enero, “el derecho a manifestación no es una exclusiva de los sindicatos”, por lo que entiende que ellos, como asociación profesional que son, deben ejercer esta misma posibilidad.
De igual modo, Delgado considera este tipo de medidas “como un medio de intentar amedrentarnos”, pero avisó de que, lejos de todo ello, tanto él como Moya tienen la intención “de estar primera línea” hoy en las concentraciones que tendrán lugar por la celebración del Primero de Mayo.
Según informó el delegado de AUGC en Cádiz José Encinas -también sancionado en su momento, al igual que Moya y Delgado, a tres meses de privación de empleo y sueldo-, la resolución que emita el director general puede retrasarse semanas e incluso meses, atendiendo a la tardanza de la vez anterior.
Desde AUGC recordaron en los últimos días que el caso dio un vuelco reciente cuando desde la Dirección General se decidió no dar lugar al archivo de los expedientes como solicitaba, en el pasado mes de diciembre, el instructor de otro de los casos estudiados, el de un agente de Guadalajara también con un cargo en la asociación profesional.
El resultado de este cambio de parecer ha sido rápido, y no en vano pocos días más tarde se hacían públicas las propuestas de sanción a los agentes.
