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Sábado 30/11/2024
 

Jerez

Acusan a dos agentes de dar una paliza a un detenido

El fiscal solicita 5 años de cárcel para ambos pese a retirarse la acusación particular

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  • Sala de vistas de la Sección algecireña de la Audiencia Provincial. -
  • El juez suspendió la vista a mañana para evaluar la capacidad mental del denunciante
Dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía destinados en la Comisaría de Algeciras se sentaron ayer en el banquillo de los acusados de la Sección algecireña de la Audiencia por haber propinado supuestamente una paliza a un detenido al que habrían causado importantes lesiones.

Los hechos habrían tenido lugar el 24 de octubre de 2005. Según la versión del denunciante, tuvo un encontronazo mientras caminaba por la avenida Gesto por la Paz y golpeó accidentalmente un vehículo policial de incógnito.

Siempre según estas declaraciones,los dos policías se bajaron de un modo amenazante y él comenzó a correr. En su huida habría sido perseguido por los agentes y llamó al 091 solicitando ayuda, al pensar que le perseguían “dos camorristas”. Finalmente, fue detenido por otros agentes uniformados, y conducido a un centro médico por magulladuras que se le produjeron al ser detenido.

En su primera declaración, el denunciante aseveró que los agentes acudieron al calabozo donde se encontraba y comenzaron a golpearle con violencia.

La versión de los agentes difiere radicalmente. I.M.S. y A.B.V., integrantes del grupo Udyco III, especializado en la recuperación de vehículos robados, aseveran que sintieron un fuerte golpe en el vehículo, y que cuando A.B.V. salió del asiento del copiloto recibió un fuerte impacto en el ojo, por el que tuvo que recibir después puntos de sutura. Su compañero logró entonces reducir al detenido.

Continuaron afirmando que fue el detenido el que se abalanzó sobre ellos en Comisaría, junto a la oficina de denuncias, en un momento en que no estaba esposado, según declaró A.B.V. Durante este rifi rafe, I.M.S. habrían caído por la escalera que conduce a los calabozos. Esta versión fue ratificada por algunos testigos policiales solicitados por la defensa.

Tanto en esta reducción del detenido como en la anterior, los agentes aseguraban no haber utilizado de manera excesiva la fuerza como para causar las lesiones.

La defensa de los acusados mantiene que el cuarto en el que el detenido, cuyas iniciales son A.S.G.G., dijo haber sido maltratado, está a la vista tanto de los ciudadanos que acuden a poner las denuncias como de otros funcionarios, por lo que no hubiesen tenido posibilidad de llevar a cabo la supuesta agresión con impunidad.

El denunciante se mostró muy nervioso durante la vista, y sorprendió al tribunal manifestando junto a su abogado su intención de retirar la acusación particular. De igual modo, expresó al juez el supuesto temor que tenía a recordar los hechos, por lo que el secretario tuvo que leer su declaración anterior.

La declaración por videoconferencia de la médico forense que examinó  los partes médicos de A.S.G.G. dio cuenta de un informe en el que constan lesiones importantes -politraumatismo torácico, lesiones en el hueso cúbito de un brazo, la rotura del hueso metacarpiano y una inflamación en la rodilla-, que podría corresponderse con una actitud de lucha y defensa, aunque matizó que esto último no era más que una observación.

De este último informe se desprendió otro dato crucial para el desarrollo del proceso como fue la posibilidad de que el detenido sufriese un trastorno mental. A la vista de ello, el juez decidió someter al denunciante a un examen psiquiátrico y continuar la vista mañana jueves.

Beneficios ilícitos

Por otra parte, una mujer de 31 años, E.A., se enfrentó ayer a una  petición de cinco años por adquirir supuestamente varias propiedades -una embarcación, un vehículo y un apartamento en la zona de Algetares- con dinero procedente del tráfico de estupefacientes, en total, 58.500 euros.

La mujer, quien tuvo una relación sentimental con F.J.C.G., condenado varias veces por salud pública, lesiones e intento de homicidio, declaró que en el momento de firmar los contratos de compraventa de estas adquisiciones lo hizo coaccionada por su ex pareja, a quien acusó de maltratador, de tener numerosas armas en casa y de provocarle un aborto.

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