Ganemos Jerez propondrá que el Ayuntamiento dé los pasos necesarios para asegurar que los concursos públicos favorezcan a las empresas que tienen conductas fiscales responsables, en detrimento de las empresas que utilizan los paraísos fiscales para evadir o eludir impuestos.
Ganemos, haciéndose eco de una campaña de Oxfam Intermon, propone una declaración para que Jerez se considere un "municipio libre de paraísos fiscales".
Oxfam Intermón y Ganemos Jerez creen que para luchar contra los paraísos fiscales son necesarios cambios legales y el compromiso de las empresas para introducir políticas de responsabilidad fiscal que excluyan su utilización."Además, existe otra vía: que el Estado y los Ayuntamientos, como actores económicos, introduzcan criterios de responsabilidad fiscal en sus contrataciones".
"Los Ayuntamientos pueden y deben desempeñar un papel fundamental en la reducción del impacto de los paraísos fiscales para contrarrestar la falta de voluntad política en las instituciones internacionales y de gobiernos como los del Partido Popular. Éste será un paso fundamental para anteponer las necesidades de la ciudadanía a los intereses de las grandes corporaciones. Es una auténtica contradicción que con los impuestos que pagan los propios ciudadanos se premien a empresas que tienen un comportamiento fiscal poco responsable, a través de la contratación pública, en lugar de invertir en la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. Los Ayuntamientos pueden ejercer un mayor control sobre los concursos públicos locales para que éstos se den en condiciones de libre competencia, y no de dumping fiscal, y velar por el mantenimiento de los recursos públicos para la reducción de la desigualdad", argumentan.
Ganemos propone establecer una cláusula-tipo para incluir en los pliegos administrativos para impedir que concurran a las licitaciones empresas con operaciones financieras delictivas en paraísos fiscales según la lista elaborada por instituciones europeas. La iniciativa también recoge estudiar, detectar y activar los mecanismos necesarios para dificultar, para la prestación de servicios públicos, la contratación de empresas privadas que tengan su sede social en paraísos fiscales o sociedades que formen parte de la matriz, con una presencia dominante en paraísos fiscales, sin estar relacionada con la actividad principal del grupo.