Con el grave problema de desempleo que padecemos en la provincia, ¿cómo es que aún no han puesto en marcha el Plan de Empleo previsto en la ITI?
—El retraso que llevamos en la entrada en vigor de ese Plan de Empleo se debe únicamente al acumulado por los meses que estuvimos sin gobierno en nuestro país y que tuvieron paralizada la administración. En este sentido, puedo confirmar que la financiación ya está asegurada, los 310 millones de euros para invertirlos en el horizonte de 2020 y prorrogable a tres años más. Lo único que nos queda es desarrollar el programa a través del que se van a invertir esos 310 millones. La intención es que empiece cuanto antes, pero no quiero decir noviembre para no crear después falsas expectativas.
Diputación ha propuesto que se utilice su oficina de la ITI para que Subdelegación gestione desde allí su Plan de Empleo, ya que si duplicamos recursos ¿no se pierden esfuerzos?
—No porque cuando se habla de efectivos hablamos de recursos, y el objetivo es que se desarrolle la ITI en el ámbito del horizonte que hay marcado, y todos tenemos que trabajar en ese objetivo.
Otro de los graves problemas al que se está enfrentando el Gobierno en la provincia es el de la inmigración en el Estrecho, ¿cómo le están haciendo frente?
—Sin duda ha sido uno de los problemas más graves que me he encontrado, y es una situación que nos preocupa mucho, porque estamos hablando de un drama humano. En este sentido, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado junto con Salvamento Marítimo, se está haciendo un gran esfuerzo para ayudar a estas personas, pero lo importante es buscar soluciones a este problema, teniendo en cuenta que quienes cruzan el Estrecho son las víctimas, mientras que los culpables, los causantes de la situación, son las organizaciones criminales que se están beneficiando de ese tráfico de personas. Estamos hablando, pues, de un problema de la Unión Europea y de un problema internacional, de ahí que precisemos de la colaboración absoluta de Marruecos, que por ahora lo está siendo, ya que la clave está en ir contra las organizaciones que se están beneficiando de la situación. Y esto es algo que nos obliga a cambiar de estrategia continuamente, ya que las propias organizaciones modifican su forma de actuar y hay que ir avanzando en este trabajo. En lo que va de año 4.022 personas han llegado a las costas de la provincia, un cinco por ciento más que el año pasado, a bordo de 219 pateras. Pero no es una cuestión de estadística, porque nuestra preocupación es atenderlos, y para ello quiero agradecer también la importante labor de colaboración de Cruz Roja y otras ONG que los atienden a su llegada a la costa.
¿Qué atención se les presta a estos inmigrantes una vez que llegan a nuestras costas?
—Es una atención adecuada. Se puede mejorar, a buen seguro, pero la más digna que se les puede dar. Una de las medidas que ya hemos tomado es la construcción de un nuevo CIE en Algeciras para mejorar las condiciones de las personas que están allí. Por supuesto hay que seguir los procedimientos que establece la ley de extranjería, pero la labor humanitaria que reciben desde policías y guardias civiles hasta las ONG que colaboran es encomiable.
¿Están en peligro los Presupuestos Generales del Estado de 2018?
—Hay que tener en cuenta que la elaboración de los PGE deben partir del mayor consenso por parte del espectro parlamentario y el Gobierno debe presentar asimismo los mejores presupuestos. No se trata de poner excusas, pero sí de trabajar para que sean una garantía. Cuando se presentan es para que se aprueben, y se está trabajando en esa línea. Nadie presenta un presupuesto si sabe que no cuenta con apoyos para aprobarlo. Yo lo que sí hago es un llamamiento a la responsabilidad del PSOE para que si exigen su presentación y entrada en vigor, también lo apoyen.
¿Por qué no atienden la petición del PSOE de suprimir de una vez el peaje de la autopista en vez de esperar al 1 de enero de 2020?, porque además les echan en cara que eso es lo que han hecho con la AP-9 en Galicia.
—La alusión al caso de la AP-9 es pura demagogia, ya que estamos hablando de una autopista de la que se liberaron dos tramos en 2006 cuando era ministro de Fomento Pepe Blanco, no ahora. Ahora lo que hay encima de la mesa es una reconsideración del acuerdo alcanzado entonces. Por esa misma regla de tres, podemos recriminarle al PSOE que por qué no liberó el peaje de la AP-4 entonces y sí lo reclama ahora, cuando quedan dos años para que finalice la concesión. Si lo hiciéramos así, el único beneficiario sería la concesionaria, a la que habría que indemnizarla con mucho más dinero del que puede ingresar en estos dos años, y a costa del bolsillo de todos los españoles. Lo importante aquí es que ya está confirmado que este peaje no se va a prorrogar, por lo que pagar ahora estaría injustificado. Mezclar este caso con el de Galicia no tiene nada que ver, que además terminaba su concesión en 2048.
No habrá peaje, pero lo que sí se ha dejado abierta es la forma de explotación de la carretera; es decir, el Gobierno decidirá cómo la explotará a partir de 2020, ¿qué formas hay, tal vez una cesión a la Junta?
—Lo que esperamos es que se libere del peaje y lo estará llegada esa fecha. En cuanto a la gestión lo importante es que no habrá peaje, que era lo que se nos requería. Las fórmulas de gestión se abordarán, usted ya ha anticipado una posibilidad, pero lo importante es que no volverá a haber peaje.
En materia de infraestructuras hay muchos asuntos pendientes: el enlace de Tres Caminos, el eje ferroviario de la Algeciras-Bobadilla, el desdoble de la Vejer-Tarifa... ¿En qué se ha avanzado al respecto?
—Pues son ya evidentes en la Algeciras-Bobadilla, contemplada en los PGE, en el caso de Tres Caminos, tras la aprobación de la declaración Medioambiental, y en el caso de la Vejer-Algeciras ya se está trabajando en el estudio técnico para el anteproyecto. También tengo que decirle que se ha avanzado en los accesos al Puerto de Algeciras. Seguramente, se debió hacer todo antes, pero es ahora cuando podemos hacerlo y hay que ver el lado positivo.
¿Qué valoración hace de los índices de criminalidad en la provincia?
—Los datos corroboran el magnífico trabajo realizado en la provincia por Guardia Civil y Policía Nacional, ya que se debe a ellos. El índice se sitúa actualmente en 40,4 infracciones por cada mil habitantes, que es el más bajo de los últimos tiempos y 16 puntos por debajo con respecto a 2011. No solo eso, sino que también ha crecido el número de infracciones esclarecidas, que es el mayor de la serie histórica, del 44,3 por cada mil infracciones. Hay que destacar pues la labor preventiva y la de reacción, que nos demuestra que se está haciendo un gran trabajo.
Me gustaría centrarme en el caso de La Línea, donde tuvieron que llegar a pedir refuerzos policiales. Allí el incremento de aprehensión de hachís ha sido del 200%, el de cocaína de 103% y del 217% en tabaco de contrabando. ¿Cómo está ahora la situación en La Línea?
—Estamos hablando de cantidades incautadas de gran relevancia, pero eso mismo ha hecho ver a las organizaciones criminales la gran actuación llevada a cabo por Guardia Civil y Policía Nacional. Y no sólo actuaciones contra ese tipo de contrabando, sino también contra el blanqueo de capitales. Si nos centramos en el caso de La Línea, estamos hablando de una situación concreta del mes de junio, pero las fuerzas de seguridad siempre han actuado en la zona contra los delincuentes. Y cuando se registró el repunte en esas fechas, las medidas fueron inmediatas con refuerzos policiales y se le ha dado la vuelta a la situación en la lucha contra el tráfico de drogas y el contrabando de tabaco. Se han disuelto organizaciones criminales, se ha ido al núcleo y la situación ya está normalizada. Hay una mesa de seguridad y todas las semanas he ido para ver cómo evolucionaba la situación, tanto para resaltar el éxito de las intervenciones policiales, como para ver si había que adoptar nuevas medidas. También hay que tener en cuenta que no se trataba solo de un tema de falta de agentes, sino que es un problema más profundo, se habla incluso de años de olvido de la zona, y apelamos a que se hagan también medidas de tipo económico y social en favor de La Línea, ya que es un pueblo fantástico, muy hospitalario, y hay que apoyarlo.
La falta de policías es una crítica común en muchas ciudades, ¿tienen previsto incrementar el número de agentes destinados en las comisarías de la provincia?
—Las tasas de reposición se han ido cubriendo al cien por cien desde 2016 y se está trabajando ya en hacer frente al déficit originado en los años difíciles con la convocatoria de nuevas plazas. El esfuerzo del Gobierno es enorme para garantizar la seguridad de los ciudadanos, y el único hándicap ha sido el déficit generado en los años de la crisis. Hablamos de que en 2017 la oferta es de 5.937 plazas. El objetivo es aumentar el número de efectivos y también de materiales.
¿Hay fecha ya para el regreso de los efectivos policiales desplazados a Cataluña?
—Van a seguir desempeñando una labor fundamental, que es garantizar los derechos y libertades de los españoles y los catalanes en particular. En este sentido, la misión de los agentes no tienen límite en cuanto a una provincia, sino que está por encima la defensa de la seguridad de los ciudadanos y de las garantías constitucionales, por lo que estarán allí el tiempo necesario hasta que la situación se normalice.
¿Tienen previsto convertir la comisaría provincial de Cádiz en algo similar a la existente en otras capitales de provincia, caso de Málaga o Sevilla, porque faltan muchos grupos de investigación?
—En la provincia, pese a los datos positivos, hay necesidad de una comisaría del mismo nivel de esas ciudades.
¿Va a luchar en Madrid por la equiparación salarial de los agentes y fuerzas de seguridad del Estado para que estén al mismo nivel que los cuerpos de otras comunidades autónomas?
—El ministro del Interior ya ha avanzado que es muy justa la reivindicación, así que entendemos que la mejora económica se atenderá dentro de las posibilidades presupuestarias, porque sin duda trabajen y hagan un esfuerzo que tal vez no esté del todo recompensado, pero no porque no queramos. Ya se verá en qué medida podremos atenderlo.
Hay un tema que va a afectar mucho a la provincia, la salida de Reino Unido de la UE. Desde el Consejo Económico de la Provincia les han pedido medidas para hacer frente al impacto que puede suponer, ¿por dónde pueden ir encaminadas?
—El Brexit se considera un error y afectará a toda la Unión Europea, por lo que dependeremos de los acuerdos que se lleven a cabo. Sus efectos en la provincia y en el Campo de Gibraltar nos obliga a analizar con detalle determinadas situaciones, entre ellas la del tipo de relación laboral que van a mantener a partir de entonces los trabajadores de la zona que acuden a trabajar a Gibraltar, y el objetivo por supuesto es que no pierdan las condiciones en las que se encuentran en este momento, respetando sus derechos laborales y económicos. Ese es un primer objetivo, que no se note el Brexit en el Campo de Gibraltar e incluso que se convierta en una oportunidad para la zona, en especial en La Línea. Se habla de un trato fiscal especial, que beneficie a las inversiones en la zona para competir con el caso de Gibraltar. Y no hablamos solo de medidas fiscales, sino de un comisionado que aborde otras cuestiones, como las relacionadas con la formación profesional para el empleo.
Pero la cuestión es que es un tema que se está tratando como algo lejano, cuando es más que inminente.
—Los que más se tienen que preocupar del Brexit son los británicos, tanto es así de que dudan que se mantenga. Los demás estados tendrán que tomar medidas para amortiguar esa salida, de manera que sus economías no se vean afectadas.
En octubre se iba a convocar el consejo rector de Las Aletas, ¿hay fecha para esa reunión y cuál es la postura del Gobierno?
—No puedo decirle aún fecha concreta pero está cercana, el interés del Gobierno central y de la Junta es mantener el proyecto dentro de esas resoluciones que permiten las sentencias existentes. El proyecto habrá que adaptarlo a ellas, pero se apuesta por las Aletas como motor económico y sigue vivo.
Zona Franca impulsó hace años proyectos como el del recinto fiscal en Jerez del que no se ha vuelto a saber nada más, ¿qué nos puede aportar al respecto y de la petición de crear un recinto en la zona de La Línea?
—El delegado de la Zona Franca está haciendo una gran labor de consolidación de los proyectos iniciados, y la línea de contribución al desarrollo económico de la provincia es incuestionable. Cualquier proyecto que fuese impulsado en el pasado y con viabilidad se va a mantener. Esa es la apuesta de Zona Franca por la provincia. Se está estudiando la posibilidad de crear una Zona Franca en La Línea, como apuesta de desarrollo económico para esa comarca, y lo que hay que buscar ahora es el suelo.
¿Le gustaría ser alcalde de la ciudad, porque hay muchos que le citan como posible sucesor a futuro de García Pelayo?
—El futuro de García Pelayo no tiene límite y ni me planteo lo de la candidatura. Ahora mi reto está en la Subdelegación del Gobierno. Formé parte de su gobierno y fue una gran experiencia, sobre todo por la cohesión del grupo y el liderazgo ejercido por la propia García Pelayo.
¿Usted concibe otro candidato que no sea García Pelayo en Jerez?
—Creo que es un tópico decir que nadie es imprescindible, pero hablamos de una persona como García Pelayo que ha demostrado que con su gestión Jerez fue a mejor y cómo se la está echando de menos. A partir de aquí, habrá dentro del PP otros candidatos futuros, porque nadie es eterno ni imprescindible.
Por Teófila no le preguntamos.
—Pues tres cuartos de lo mismo.
* Entrevista realizada en el espacio A Compás de Ondaluz TV con la participación de Elena Carmona, Roxana Saez y Pedro Espinosa.
