La decisión ha sido adoptada por tres votos a dos por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, que sin embargo no ha accedido a declarar a Garzón en situación de servicios especiales, ya que considera que esta condición es incompatible con su suspensión cautelar, acordada el pasado viernes por el pleno del Consejo.
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece en su artículo 348 que “los jueces y magistrados pueden hallarse en alguna de las situaciones siguientes: servicio activo, servicios especiales, excedencia voluntaria y suspensión de funciones” y la comisión ha entendido que no se puede estar en dos de ellas a la vez.
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, que informó ayer a los medios de comunicación de la resolución adoptada por la Comisión Permanente, eludió responder a la pregunta de si la marcha de Garzón a La Haya, una vez denegada la situación de servicios especiales, implicará la pérdida de su destino en la Audiencia Nacional.
Bravo se limitó a leer el acuerdo de la comisión, que señala que “de conformidad” con el informe del secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez –partidario de dejar marchar a Garzón, pero no en situación de servicios especiales–, se le autoriza a trabajar en el TPI como consultor externo de la Fiscalía del órgano.
El acuerdo dispone textualmente “participar” a Garzón, así como a la Fiscalía del TPI, “que desde el punto de vista orgánico no se aprecian razones legales que impidan la contratación del expresado magistrado para prestar servicio de consultoría en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y, en consecuencia, la Comisión Permanente permite tal contratación”.
Además del informe del secretario general del CGPJ, la Comisión Permanente tenía sobre la mesa otros cuatro escritos: el de la propia Fiscalía del TPI, la Fiscalía General del Estado, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y el Ministerio de Asuntos Exteriores, que se muestran favorables al traslado del juez a La Haya.
El acuerdo de la comisión cuenta con los votos particulares de la vocal progresista Almudena Lastra -que entiende que debía haberse declarado al juez en situación de servicios especiales, tal y como éste había solicitado- y del conservador Antonio Dorado.
