El ‘no’ de la Eurocámara a la posibilidad de ampliar la jornada laboral fue sorprendentemente claro a tenor de los pronósticos que hacían antes de la votación los propios diputados, muy divididos sobre la medida, y forzará a los Estados miembros a negociar un nuevo texto con el PE.
Finalmente, 421 parlamentarios del total de 785 que forman el hemiciclo apoyaron la eliminación en un plazo de tres años del llamado opt-out, la cláusula que permite que, en caso de acuerdo entre el empresario y el trabajador, éste supere el límite de las 48 horas por semana.
La postura del PE es, por tanto, totalmente opuesta a la de los países de la UE, que habían pactado –con la negativa de España y Grecia– convertir esa excepción temporal obtenida por el Reino Unido en una opción definitiva para permitir a los trabajadores alargar sus jornadas hasta un máximo de 60 ó 65 horas semanales, según los casos.
Esos límites estarían calculados como media sobre un periodo de tres meses, por lo que en una semana en concreto sería posible superarlos ampliamente.
La jornada de hasta 65 horas contaba con la oposición frontal de los sindicatos europeos, que ayer se manifestaron en Estrasburgo (Francia) para evitar la aprobación de la que algunos llamaron “directiva de la esclavitud” y que ayer expresaron su “satisfacción” por la respuesta del Parlamento.
“Esto no es un contratiempo para los Estados, es una opción para rectificar una decisión equivocada”, dijo inmediatamente después de la aprobación de su informe el ponente del texto y principal rostro de la oposición a la directiva en la Eurocámara, el español Alejandro Cercas (PSOE).
El parlamentario, exultante, aseguró que ayer el Parlamento ha demostrado que “no es sordo ni mudo” y que “escucha cuando hay reclamaciones justas”.
Cercas recibió en sus reclamaciones el apoyo de la gran mayoría de los diputados socialistas y de izquierda, así como el de una parte importante de liberales y conservadores, principalmente de los del Partido Popular español y de los de otros países del sur de Europa.
Además, más de 500 de los 785 eurodiputados se opusieron también a las disposiciones que afectaban a los profesionales del sector sanitario, y que pretendían que los periodos inactivos de las guardias médicas dejasen de ser considerados como tiempo de trabajo.
Este punto fue una de las razones que llevaron a los gobiernos a reformar la legislación, pues varias sentencias de la Justicia europea han dictaminado que todas las guardias deben contarse como tiempo trabajado, lo que coloca a muchos países en situación irregular y, según ellos, pone en peligro los sistemas de sanidad.
El PE rechazó la eliminación del descanso obligatorio inmediatamente después de las guardias, otro de los puntos que preocupaba a los médicos europeos.
