Unas cifras que podría dar a conocer la próxima semana, esta vez en contactos de carácter más técnico entre los consejeros autonómicos y los responsables del Ministerio, ya que el objetivo es llegar a un acuerdo en febrero.
Ninguna comunidad ha expresado su rechazo de plano a la propuesta que presentó el 30 de diciembre el vicepresidente económico, Pedro Solbes, si bien las mayores críticas se han centrado en que de nada sirve fijar unas líneas directrices si no se conoce con qué partidas se podrán llevar a cabo.
Por ello, el Ejecutivo se dispone ahora a cuadrar los números y a desglosar las cuantías económicas que recibirán las comunidades, en función de las exigencias de algunas y de las peculiaridades de otras.
El objetivo del Gobierno –cuya propuesta inicial recoge una mayor cesión de autonomía financiera para las comunidades– es que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se celebre a finales de enero y que el acuerdo se cierre en febrero.
La mayoría de las comunidades han defendido una negociación multilateral y, por ello, miran con recelo la reunión bilateral que mantuvo Zapatero con el presidente catalán, José Montilla, el pasado 20 de diciembre.
Las comunidades más críticas con el texto que presentó Solbes han sido las gobernadas por el Partido Popular, aunque ninguna lo ha rechazado de forma tan rotunda como la dirección del partido.
Así, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, dijo, tras su reunión con Zapatero, sentirse satisfecha con el nuevo sistema –ya que tendrá en cuenta la evolución de población–, pero después, y ante las reticencias de su partido, emplazó al Gobierno a que cumpliera los compromisos con Madrid.
Tampoco están muy satisfechos los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, por no haber sido recibidos por Zapatero, lo que consideran una “afrenta” a las dos ciudades autónomas.
