La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pidió ayer “sosiego y rigor” a la hora de abordar el asunto de la exhumación de fosas de la Guerra Civil y el Franquismo después de que hace dos días la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera paralizar temporalmente la apertura de tumbas ordenada por el juez Garzón.
De la Vega expresó su “máximo respeto” por los procedimientos y tiempos judiciales, al tiempo que recordó que la Audiencia Nacional debe decidir sobre un conflicto de competencias.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se celebró ayer, la vicepresidenta fue preguntada por la opinión del Gobierno ante la decisión tomada ayer por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Por diez votos contra cinco, el Pleno adoptó esta decisión a instancias de la Fiscalía, que recordó que –en base al artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– debe dirimirse antes si el magistrado es competente para llevar a cabo la investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo y que las exhumaciones de fosas no son tan urgentes como para ordenarlas mientras se resuelve este conflicto de competencia.
De la Vega expresó su “máximo respeto” a los “procedimientos y tiempos judiciales”, especialmente en una cuestión “que ha de abordarse con sosiego y con rigor”. La vicepresidenta destacó que se trata de una decisión “temporal” en tanto que se resuelve un “procedimiento judicial ordinario” en torno a la competencia del juez Garzón en este asunto.
Mientras se resuelve este asunto, “el Gobierno sigue trabajando en el ámbito que le corresponde. Estamos poniendo en marcha las medidas derivadas de la Ley que aprobamos en el Parlamento para ayudar a las víctimas”.
En este sentido, De la Vega recordó que la semana pasada se dio impulso “con la puesta en marcha de decretos que incluyen protocolos específicos para la exhumación y para la elaboración de un mapa de zonas de enterramiento” para “dar satisfacción a esas legítimas preocupaciones y deseos de los familiares de las víctimas”.
En cualquier caso, insistió en pedir “máximo respeto” a los procedimientos y tiempos judiciales y en que el Gobierno va a seguir trabajando “desde el sosiego y el rigor” por los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo.
La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en cualquier caso, no ha pillado por sorpresa a algunos familiares de las víctimas. Francisco Galadí, nieto del banderillero del mismo nombre que fue fusilado y presuntamente enterrado junto a García Lorca, aseguró ayer que “ya esperaba” la decisión de la Audiencia Nacional, porque veía “demasiado fácil todo esto, que no hubiera problemas”.
Así, reconoció que la resolución judicial ha sido “una gran decepción”, sobre todo porque llega en época otoñal, lo que podría provocar más retrasos derivados de la climatología en la exhumación de la fosa de su abuelo.
Los trabajos sí comienzan en la localidad de Calañas
Una decena de personas comenzó ayer los trabajo en la exhumación de una fosa común en el cementerio de Calañas (Huelva), que no está afectada por la decisión de la Audiencia Nacional.
Para llevar a cabo el desenterramiento de las 11 personas que se cree que están enterradas en la fosa, se desplazaron a Calañas representantes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos, Madrid, Galicia o Barcelona, dijo su portavoz, Santiago Macías.
Macías dijo a Efe que la fosa estaría formada por dos enterramientos paralelos que se están sacando a la luz con palas y picos, y se prevé que los trabajos se prolonguen al menos durante tres días. “Se trata de enterramientos en los que la gente está amontonada”, indicó Macías.
Las 11 personas enterradas en la fosa fueron asesinadas el 13 de noviembre de 1937.
