La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió hoy a Colombia garantizar la seguridad de los exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que ya se han desmovilizado porque la cifra registrada de muertes violentas supone un "eslabón débil del proceso de Justicia Transicional".
Esta es una de las recomendaciones del último informe semestral de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), que abarca de septiembre de 2014 a enero de 2015 y fue presentado hoy en el Consejo Permanente de la organización con sede en Washington.
"En lo relativo a desmovilizados y víctimas, hemos señalado la necesidad de que se sigan los protocolos internacionales que están establecidos en todos los acuerdos que tienen que ver con la defensa de derechos humanos", explicó a Efe Francisco Guerrero, secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA.
"Lo que es importante es que el diseño de los acuerdos de paz esté acompañado de garantías para todas las partes, para quien se desmoviliza, para los ciudadanos que viven en las comunidades afectadas por el conflicto, y ahí el Gobierno tiene una papel fundamental", añadió.
Una de las conclusiones del informe de la misión de la OEA, que Guerrero presentó ante el Consejo, es que la cifra de desmovilizados que han perdido la vida de forma violenta constituye "un eslabón débil del proceso de Justicia Transicional" puesto que los beneficios de acogerse a los procesos de sometimiento a la ley "se vuelven difusos".
"Resulta imperativo para el proceso de paz dar prioridad a la investigación y esclarecimiento de las muertes violentas de desmovilizados", añade el informe.
En Colombia han muerto violentamente unos 3.700 combatientes que abandonaron diferentes grupos armados desde 2003-2004, según las cifras que ofreció recientemente el jefe de la misión de la OEA en el país sudamericano, Roberto Menéndez.
"Para garantizar el desarme, desmovilización y reincorporación a la vida civil, en el proceso deben discutirse y acordarse medidas que permitan garantizar la seguridad de los desmovilizados de las FARC en el escenario del postconflicto", señala el informe presentado hoy.
"Además, se tienen que garantizar las condiciones para el desarrollo económico de los municipios y ciudades en las que posiblemente se lleven a cabo los procesos de reintegración, y escenarios e instrumentos para la participación y reintegración de los excombatientes en los contextos comunitarios", agrega.
Preguntado por esta cuestión al término del Consejo, el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, aseguró a Efe que la integridad de todas las personas que se suman al proceso es una prioridad para el Gobierno de su país y que planea redoblar estos esfuerzos en el postconflicto.
"Para eso tiene el Gobierno nacional una de las instituciones más robustas, que es la unidad de protección de personas, en la que se invierten cada año varios millones de dólares, en seguridad, protección, acompañamiento, logística, agentes...", explicó el diplomático.
"Este es uno de los caminos que ha recorrido Colombia con plena decisión, seguirá haciéndolo y tendrá que reforzarlo durante el postconflicto para garantizar la integridad de esas personas", agregó.
Álvarez señaló asimismo la necesidad de las garantías políticas "para que la gente pueda competir, pueda participar, y organizarse de manera que se pase de las armas y la violencia al debate y la política".
La OEA, que informa cada seis meses de la evolución del proceso de paz en Colombia, acompaña al país con una misión específica desde 2004, cuyo su mandato se ha extendido hasta enero de 2018.
