Los ministros europeos de Interior volverán a insistir hoy en que Grecia debe reforzar los controles en sus fronteras exteriores y evaluarán si pedir a la Comisión Europea (CE) que dé los pasos necesarios para extender hasta los dos años la reintroducción temporal de controles internos en la zona Schengen.
Varios Estados miembros como Alemania, Austria y Suecia ya han reinstaurado controles temporales internos en sus fronteras por la crisis de refugiados, una opción prevista en el código de fronteras Schengen para casos excepcionales en los que exista una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior.
En principio, estos controles no deberían alargarse más de seis meses, es decir, hasta la próxima primavera.
Sin embargo, las normas de Schengen también contemplan la posibilidad, como último recurso, de ampliar esos controles hasta un máximo de dos años cuando se detecten "deficiencias graves persistentes" en la gestión de las fronteras exteriores de un país miembro que pongan en riesgo el funcionamiento del área de libre circulación.
La presidencia luxemburguesa de turno de la UE propondrá hoy a los Veintiocho que inviten a la CE a explorar esta opción, aunque por ahora no se sabe si este movimiento es una mera estrategia de presión a Grecia o si realmente podría llegar a aplicarse.
Esta posibilidad de último recurso fue incluida en el código de fronteras de Schengen en su revisión de 2013, pero hasta ahora nunca se ha utilizado, y en la práctica supone impedir la libre circulación en el área sin fronteras interiores, aunque solo sea en una parte y con carácter temporal.
La Comisión presentará el próximo 15 de diciembre un conjunto de medidas sobre la gestión de los flujos migratorios y la llegada de solicitantes de asilo, en el que podría incluir la cuestión griega, pero por el momento rehúsa confirmar que vaya a ser así, y se limita a decir que aún falta mucho para llegar a ese escenario.
En efecto, antes de dar ese último paso la CE tendría que evaluar el caso griego para determinar si el problema en sus fronteras se debe al incumplimiento de sus obligaciones por parte de las autoridades helenas.
Si así fuera, la CE debería sugerir formalmente al país medidas específicas para resolver la situación.
Pasados tres meses, si el país ha desoído las recomendaciones comunitarias y las deficiencias persisten, la Comisión podría recomendar al Consejo activar ese último procedimiento para circunstancias excepcionales, recogido en el artículo 26 de Schengen, que posteriormente tendrían que aprobar los Veintiocho.
Las complicaciones para llegar a ese último recurso y la falta de antecedentes alimentan la duda sobre si todo será un "farol", como apuntan algunas fuentes comunitarias, o si estamos a las puertas de un retroceso histórico en el espacio de libre circulación.
Por el momento, Grecia parece haber entendido que el descontento con su gestión es notable, puesto que este jueves anunció que llevará a cabo las tres medidas que le había sugerido la CE.
En concreto, Atenas decidió activar el mecanismo de protección civil, desplegar la semana que viene una operación de la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex) en su frontera terrestre con Macedonia y solicitar la intervención de los llamados equipos de intervención rápida (RABIT) para contar con el apoyo de guardias fronterizos de otros Estados miembros en las islas del mar Egeo.
Los ministros abordarán también la creación de un registro europeo de pasajeros aéreos (PNR, por sus siglas en inglés), con vistas a cerrar un acuerdo con el Parlamento Europeo antes de finales de año.
Ambas instituciones habían avanzado en la negociación y solo quedaba abierto un punto relacionado con la retención sin encriptar de los datos, que el PE pedía que fuera como máximo de seis meses y los países de nueve.
Sin embargo, este jueves los grandes partidos de la Eurocámara dijeron que bloquearán el acuerdo a menos que se haga obligatorio el intercambio de información de las bases de datos entre todos los Estados miembros.
