Tailandia ha recibido en las últimas semanas numerosas críticas por parte de la comunidad internacional, acusada de violar derechos humanos tras verse envuelta en conflictos con disidentes políticos, minorías étnicas y casos de lesa majestad.
La cascada de acusaciones se produce un año después de que en 2014 fuera rechazada la candidatura de Tailandia para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, junto a la de países como Kuwait, Camboya, Filipinas y Barhein.
El grupo Asia-Pacífico cuenta con 13 asientos dentro del consejo, que fueron asignados a India, Indonesia, Bangladesh y Catar, que dispondrán de ellos hasta el 31 de diciembre de 2017.
Uno de los grupos más combativos en contra de la entrada de Tailandia en dicho consejo fue Human Rights Watch (HRW).
La ONG afirmó en una carta abierta al primer ministro tailandés, Gen Prayut-Cahn-o-Cha, que más de 20 defensores de los derechos humanos y activistas habían sido asesinados desde 2001 y que los culpables de dichos crímenes "raramente eran perseguidos".
HRW también mencionó en la misiva que en las provincias sureñas de Pattani, Yala y Naranthiwat el conflicto entre budistas y malayos musulmanes había cobrado a día de hoy "más de 6.000 vidas, sin ninguna reacción por parte de las autoridades tailandesas".
"La campaña de contrainsurgencia del Gobierno en el sur del país ha desembocado en asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas", afirmó la ONG.
Tailandia no cuenta con una ley de asilo ni tampoco reconoce la Convención de 1951 de Naciones Unidas, que define el estatus de refugiado, así como sus derechos y obligaciones.
Esa convención estipula que ningún refugiado puede ser devuelto a un país donde teme ser perseguido, tal y como sucedió a principios del pasado noviembre con la deportación de dos activistas chinos devueltos a su país de origen a pesar de correr "un alto riesgo" para su vida, según apuntó HRW en un comunicado.
El embajador de Estados Unidos en Tailandia, Glyn Davies, afirmó sentirse "molesto" con este incidente, en una reunión mantenida en ese mismo mes en Bangkok con el viceprimer ministro tailandés, Prawit Wongsuwan, según medios locales.
Prawit respondió que "no estábamos avisados de que los dos activistas estuvieran reconocidos como refugiados por el Alto Comisionado de los Refugiados para las Naciones Unidas (ACNUR)".
"A partir de ahora el Gobierno preguntará a ACNUR cómo actuar con los refugiados disidentes arrestados", aseguró Prawit.
El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, defendió la repatriación y señaló a la BBC que ambos hombres eran "culpables de crímenes", aunque no especificó de cuales.
Al día siguiente de su reunión con Prawit, Davies expresó también su preocupación, en un encuentro del Club de Corresponsales de Tailandia, por el aumento de casos por lesa majestad en el país, una ley que salvaguarda el honor de la Casa Real.
Desde el golpe de Estado militar que tuvo lugar en 2014 son cientos los procesos por lesa majestad que se llevan a cabo en el país, cuando en la década de 1990 apenas se denunciaba una decena.
Minorías étnicas foráneas, pero establecidas en Tailandia, como los rohinyás de Myanmar (Birmania) o los uigures de China, (asimismo) también se enfrentan a devoluciones forzosas a sus países de origen de forma sistemática.
Sólo en la frontera de Tailandia con Birmania hay más de 140.000 solicitantes de asilo birmanos en los campos de refugiados, según datos de HRW.
A mediados de noviembre siete ciudadanos de Corea del Norte, cuatro hombres y tres mujeres, eran interceptados a su llegada a la provincia de Nong Khai, en el norte del país, camino de Corea del Sur, y deportados a su país de origen, publicó Bangkok Post.
Durante años, cientos de norcoreanos han llegado a Tailandia huyendo del régimen de Pyongyang y la mayoría han sido reubicados por el Gobierno de Seúl, por lo que se desconocen las razones que motivaron la intercepción y deportación de ese grupo.
El suceso coincidió con el voto que emitió Tailandia el pasado noviembre en la Asamblea General de la ONU contra el régimen de Corea del Norte con el fin de llevar ante la Corte Penal Internacional a sus líderes políticos por crímenes contra la humanidad.
