Tras más de cien reuniones y contactos con las autonomías, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, dio a conocer ayer la propuesta del Gobierno para el nuevo sistema de financiación y anunció para este miércoles la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde debe debatirse.
Pocas cifras adelantó la ministra de Economía en su comparecencia, pero sobre una de ellas –los 11.000 millones adicionales al sistema– ya están echando cuentas las comunidades, entre ellas Cataluña, que ha cifrado en 3.855 millones la cantidad que le correspondería hasta 2012.
Finalmente, son 2.000 millones más los que el Gobierno ha puesto encima de la mesa con respecto a su última propuesta, de 9.000 millones.
Durante su explicación del documento, Salgado dejó claro que todas las comunidades tendrán más recursos y estarán más cerca de la financiación media per cápita, pero sólo quiso mencionar a Cataluña –porque ya lo había avanzado el presidente del Gobierno– para recalcar que esta región se situará ligeramente por encima de la media.
El ochenta por ciento de los recursos del modelo se destinarán a la financiación de los servicios públicos fundamentales –educación, sanidad y servicios sociales–, que el Gobierno garantiza a todos los ciudadanos aunque su comunidad no apoye el nuevo sistema.
Justificó Salgado la renovación del modelo en el incremento en 6 millones de personas de la población en las quince comunidades de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra) desde 2001, por lo que el Gobierno ha querido que el nuevo sistema se actualice anualmente para dar cobertura a la evolución demográfica.
Cuatro fondos conforman la propuesta, entre ellos éste de Garantía de Servicios Públicos, que se financiará con el 75% de los tributos cedidos a las comunidades autónomas y con un cinco por ciento procedente del Estado.
Así, de cada euro que recaude la comunidad, 0,75 céntimos irán a parar a una bolsa común para garantizar los servicios fundamentales, en tanto que las autonomías podrán disponer libremente del resto.
Otro de los fondos es el del Suficiencia Global, con el que se mantendrá el statu quo de las comunidades y se financiará el resto de las competencias transferidas, al que acompañarán el de Competitividad para reducir las diferencias de financiación per cápita, y el de Cooperación, que se distribuirá entre las autonomías de menos renta y las que tengan una evolución demográfica negativa.
El objetivo es aproximar la financiación por habitante para que la diferencia entre la región que dispone de más recursos y la que menos se acorte hasta los 30 puntos, frente a los 40 actuales.
Para dotar a las autonomías de mayor corresponsabilidad fiscal, la propuesta prevé ampliar el porcentaje cedido del IRPF del treinta al cincuenta por ciento; del IVA del 35 al 50; y de los impuestos especiales del 40 al 58.
A lo largo de la tarde de ayer los gobiernos autonómicos fueron recibiendo el documento, de 75 páginas y sin ninguna cifra concreta, por lo que cada uno de ellos está haciendo su propia simulación a partir de las variables sobre las que se asentará el modelo.
Entre ellas, la población, la dispersión, la insularidad, el envejecimiento, la población escolar, el bilingüismo, la densidad o la superficie, ya que, según Salgado, se han atendido las peticiones de todas las regiones.
Hasta el momento, y a falta de cifras definitivas, han expresado su acuerdo con el modelo Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que ERC, miembro del tripartito catalán, se ha mostrado satisfecha por la cuantía que le correspondería a su comunidad.
Desde las gobernadas por el PP, no se valora, por el momento, el documento, que están estudiando sus responsables, pero sí se critica, como en el caso de Murcia, las “formas” y los “tiempos” para informar, o, en el caso de Galicia, que ha reprochado que ERC haya sido la “máxima interlocutora” entre las CCAA y el Gobierno.
Sí ha hablado el responsable económico del partido, Cristóbal Montoro, quien ha tachado el documento de “auténtico monumento a la improvisación” que traerá “más crisis económica y más paro”, a la vez que pondrá en riesgo la igualdad de los españoles a la hora de acceder a los servicios básicos.
Tras debatirse en el CPFF, donde previsiblemente se aprobará, la propuesta tendrá que pasar el trámite parlamentario y, si las Cortes le dan luz verde, cada comunidad deberá ratificarla en su respectiva comisión mixta con el Gobierno.
