El Gobierno cubano consideró hoy que las medidas del Gobierno estadounidense que entran en vigor mañana para dificultar los viajes y negocios con Cuba confirman "un serio retroceso en las relaciones bilaterales", recrudecen el "bloqueo" a la isla y en algunos casos tienen un propósito subversivo.
La directora para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, advirtió en declaraciones a la prensa extranjera de que las nuevas regulaciones no solo van a dañar la economía del país, sino también "al pueblo cubano" y los intereses del empresariado estadounidense.
"¿Ha funcionado en 55 años? Es el viejo discurso, 'sancionamos a Cuba, presionamos a su Gobierno para provocar cambios'. No funciona, no ha funcionado nunca", aseveró la alta funcionaria.
La normativa publicada este miércoles por los departamentos de Estado, Tesoro y Comercio llevan a la práctica el memorando firmado en junio pasado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en el que plasmó su intención de revertir el proceso de deshielo iniciado por la anterior administración de Barack Obama.
"No solo van a dañar a los sectores estatal y no estatal de nuestra economía, sino también a los ciudadanos de Estados Unidos" que verán "más restringido aún" su derecho a viajar a Cuba, señaló Vidal.
Entre las medidas figura la prohibición de las transacciones con 179 empresas y entidades vinculadas a los ministerios cubanos de las Fuerzas Armadas (Minfar) y del Interior (Minint), que fueron enumeradas en una lista que incluye hoteles, comercios, agencias turísticas, marinas, astilleros e incluso marcas de refresco y ron.
Vidal se refirió a este listado como "arbitrario" y agregó que incluye a entidades "supuestamente vinculadas de manera infundada" a los sectores de la defensa y la seguridad en la isla.
"Llegan al colmo de incluir marcas comerciales de refrescos, rones y hasta un servicio de fotografía", espetó.
Sobre las regulaciones que modifican las categorías de viaje a las que pueden acogerse los ciudadanos de Estados Unidos para viajar al país caribeño -adonde aún tienen vetado ir como turistas-, opinó que algunas denotan "una clara intención política".
La diplomática aludió a los nuevos requisitos bajo la categoría de "viajes en apoyo al pueblo cubano", que pasan por "cumplir un programa de actividades a tiempo completo que implique, siguiendo los patrones de Estados Unidos, sostener contactos con el pueblo, apoyar a lo que se denomina en Estados Unidos la sociedad civil cubana y promover la independencia de estas entidades de la sociedad civil del Estado cubano".
"No ocultan su trasfondo político, como la que alienta a los viajeros a realizar actividades que nosotros llamamos de corte subversivo para poder justificar la legalidad de sus visitas a Cuba", subrayó.
En la isla, las agrupaciones civiles surgidas al margen del oficialismo se consideran, en la mayoría de los casos, disidentes.
Vidal defendió que el Gobierno cubano cree que "la manera de relacionarse es mediante el intercambio entre nuestros pueblos y las relaciones económicas mutuamente beneficiosas".
Además, descartó que Cuba vaya a tomar represalias por estas nuevas regulaciones, "porque no lo ha hecho nunca".
"Cuba nunca ha tomado medidas de represalia ni ha aplicado sanciones contra estadounidenses (...). Las sanciones unilaterales no tienen cabida en el mundo, dañan innecesariamente", agregó.
La isla y Estados Unidos iniciaron en diciembre de 2014 un proceso de normalización de sus relaciones que se plasmó, en 2015, en la mutua reapertura de embajadas tras más de medio siglo de enfrentamiento.
La llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, partidario de mantener el embargo económico sobre Cuba, ha supuesto un giro radical de ese acercamiento.
En los últimos meses las relaciones se han tensado aún más a raíz de los supuestos "ataques acústicos" sufridos por 24 diplomáticos estadounidenses en La Habana, unos incidentes sobre los que Cuba acusa a EE.UU de mentir al no haber aportado pruebas concluyentes.
A causa de esos supuestos ataques, el Departamento de Estado ha retirado a más de la mitad de su personal en La Habana, expulsado a dos tercios de los funcionarios de la embajada cubana en Washington y recomendado a los estadounidenses que no viajen a Cuba.
