La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, proclamó hoy la "victoria sobre esas fuerzas diabólicas", en referencia a los manifestantes antigubernamentales que, a juicio del Ejecutivo, intentan derrocar al Gobierno que preside su esposo, Daniel Ortega, durante la crisis sociopolítica del país.
"Hoy 18 de julio proclamamos nuestra victoria, nuestro avance sobre esas fuerzas diabólicas, tenebrosas, terroristas, criminales, que durante tres meses azotaron, quisieron secuestrar la paz en Nicaragua, pero no pudieron", señaló la también primera dama en un mensaje a través de medios oficiales.
Destacó que la valentía y la dignidad, el orgullo nicaragüense "es mucho más grande", y que de ahora de adelante "vamos a cuidar cada milímetro de nuestra sagrada patria para que nunca más pretendan invadirnos con energía diabólica, perverso, malignas".
El Gobierno tomó el pasado martes el control de Masaya (sureste) en la denominada "Operación Limpieza", una ofensiva ejecutada por las llamadas "fuerzas combinadas", integrada por policías, antimotines, parapoliciales y paramilitares, junto a trabajadores del Estado, para remover bloqueos de caminos y barricadas.
La ciudad de Masaya era el último gran bastión rebelde que se mantenía en pie contra el Gobierno sandinista.
Murillo dijo que durante estos tres meses han "trabajado para restaurar la seguridad, la paz, la vida, en una sola voz y con un solo corazón".
"El Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional ha luchado con la fuerza incalificable de su historia y de su presente revolucionario contra el golpismo, el terrorismo, el crimen, el secuestro, la tortura, las violaciones, los ritos satánicos, la destrucción, el saqueo, la piromanía contra familias e instituciones", agregó.
Sostuvo que "el pueblo unido ha rechazado y continúa rechazando la extorsión de quienes secuestraron pueblos enteros, creyendo que con eso derrotaban el ánimo de las familias nicaragüenses".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de graves violaciones de los derechos humanos en la crisis, que ha causado más de 350 muertos, según organismos humanitarios.
