Miembros de la llamada Articulación de Movimientos Sociales y de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia (CUDJ) de Nicaragua pidieron hoy que se convoque un nuevo paro nacional para evitar la "embestida criminal y represiva" del Gobierno de Daniel Ortega.
"Llamamos públicamente a que se convoque a un paro nacional de tres días en respuesta a esta embestida criminal y represiva", dijo la Articulación en una declaración pública este domingo, cuando fue suspendida una protesta contra el Gobierno después de que la Policía detuviese a 38 personas que pretendían participar en ella.
Según la Articulación, un paro nacional es necesario debido a las agresiones violentas del Gobierno, al que denominan "régimen Ortega Murillo", en alusión al presidente nicaragüense y su esposa y primera dama, Rosario Murillo.
Por su parte, la CUDJ llamó a los empresarios nicaragüenses a que "anuncien o establezcan una ruta para declararse en paro nacional indefinido, como medida urgente para preservar la vida del pueblo, exigir la salida del régimen Ortega Murillo y libertad inmediata para todos nuestros presos políticos".
Los sectores que piden la renuncia de Ortega ya han realizado tres paros nacionales desde que comenzó la crisis que afecta a este país centroamericano desde el pasado abril.
El primer paro, el 14 de junio pasado, obligó al Gobierno a permitir la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para verificar la situación en el país.
El segundo, el 13 de julio, fue en rechazo a la celebración anual sandinista, conocida como "El repliegue", y el tercero el 7 de septiembre, para mostrar apoyo a los presos políticos.
Los llamamientos a que sea convocado un nuevo paro nacional fueron emitidos este domingo a raíz de que fuerzas policiales desmontaran una protesta contra Ortega al sureste de Managua y detuviesen a 38 personas, de las cuales ocho fueron liberadas horas después, informó la Policía Nacional.
Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado, según organizaciones humanitarias locales e internacionales, entre 322 y 512 muertos, mientras que el Ejecutivo establece los fallecidos en 199, y denuncia un intento de golpe de Estado.
Las organizaciones humanitarias locales además denuncian la existencia de 459 presos políticos, mientras que el Gobierno de Nicaragua habla de más de 200 detenidos, a los que acusa de terroristas y golpistas.
El 18 de abril pasado comenzaron las protestas contra Ortega por unas reformas de seguridad social, que se convirtieron en la exigencia de su renuncia y la de Murillo.
Ortega rechaza las acusaciones y asegura que la crisis impulsada por grupos a los que califica de golpistas y terroristas.
