Alto tribunal de la ONU ordena detener el genocidio de los rohinyás

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó este jueves a Myanmar (antigua Birmania) la aplicación de medidas cautelares para proteger a la minoría musulmana rohinyá de un supuesto genocidio cometido en el estado de Rakáin, al oeste del país.

El alto tribunal de la ONU decidió por unanimidad obligar a Myanmar a tomar "todas las medidas a su alcance" para prevenir crímenes contra los rohinyás en su territorio, como el asesinato de sus miembros.

El Ejército deberá evitar la comisión de otros delitos, como que los miembros de la minoría musulmana sean víctimas de "daños mentales o corporales" o se impongan medidas "que prevengan el nacimiento" de rohinyás, dijo el juez presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, que leyó la decisión.

Las medidas "deberán ser efectivas" y las autoridades de Myanmar están obligadas a "preservar las evidencias relacionadas con las alegaciones" de genocidio, las cuales se estudiarán en unas futuras audiencias orales.

La CIJ se alineó casi totalmente con la posición del país denunciante, Gambia, que presentó sus alegaciones basándose en un informe de una comisión de investigación de la ONU hecho público en 2018.

Según ese documento, existieron elementos en la actuación del Ejército de Myanmar, especialmente desde agosto de 2017 en el estado de Rakáin, que podrían definirse como un "intento de genocidio".

Las proclamadas "operaciones de limpieza" de las fuerzas armadas birmanas fueron una respuesta a los ataques del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA) contra puestos policiales y militares.

La campaña causó un éxodo de unos 725.000 rohinyás a la vecina Bangladesh, donde permanecen como refugiados, y provocó el asesinato de al menos unas 10.000 personas, según dicho informe.

La investigación reveló que "cientos o posiblemente miles de mujeres fueron violadas, la gran mayoría por múltiples soldados, varias veces y en grupos de hasta 40 chicas" y añadió que niñas de hasta siete años fueron asaltadas sexualmente.

La orden de proteger a los rohinyás establecida este jueves por la CIJ es de carácter general y le corresponde a Myanmar implementarla. No obstante, los magistrados han exigido al país asiático entregar dentro de cuatro meses un informe al tribunal con las medidas tomadas.

Tras ese primer documento, las autoridades birmanas deberán proporcionar actualizaciones cada seis meses hasta que la CIJ se pronuncie sobre el fondo del caso, algo que podría durar años puesto que Myanmar tiene el derecho de solicitar audiencias adicionales para pedirle a la corte que se declare incompetente.

El país denunciante, Gambia, es un pequeño Estado africano que no comparte frontera con Myanmar y presentó la denuncia con el apoyo de los 57 países de la Organización para la Cooperación Islámica.

El ministro de Justicia de Gambia, Abubaccar Marie Tambadou, se mostró satisfecho y dijo, desde las escalinatas que dan acceso a la CIJ, que la decisión es "un pequeño paso" para "el comienzo de un proceso que propiciará a los rohinyás (exiliados en Pakistán) una vuelta segura y digna a sus casas".

El alto tribunal de la ONU no dispone de una fuerza militar que aplique las medidas cautelares, sino que confía en la voluntad de los Estados.

No obstante, es de esperar que el fallo imponga presión internacional a Myanmar respecto al trato al que somete a los rohinyás, una comunidad no reconocida por las autoridades del país, que los considera como refugiados bengalíes sin derecho a la ciudadanía birmana.

La orden supone un revés para la premio Nobel de la Paz y líder de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi, que acudió a La Haya el pasado diciembre para defender al Ejército.

Suu Kyi ha reforzado en los últimos años sus lazos con China, país que ha impulsado la construcción de grandes proyectos en Myanmar y vetado cualquier medida en el Consejo de Seguridad de la ONU para detener los abusos contra los rohinyás.