José Luis Alcaraz, portavoz de Acaip-UGT, da buena cuenta de cada episodio de violencia que sufren sus compañeros en la cárcel de Botafuegos. Lo hace con estilo preciso, crudo y revindicativo. El 26 de octubre relató en una nota remitida a los medios de comunicación un suceso terrible protagonizado por J. A. A. B, de 48 años de edad, en prisión desde el año 1991, con más de 20 expedientes sancionadores a lo largo de su vida penitenciaria y quien, durante el traslado a una nueva unidad por agredir a uno de los trabajadores, se encaró con los empleados de servicio gritándoles “perras, que sois unas perras, pégame si te atreves, os voy a matar”. “El resto de internos de la galería -cuenta Alcaraz- comenzaron a gritar mátalo, mátalo, y acto seguido se abalanzó sobre un funcionario, cayendo ambos al suelo, donde le propinó golpes en el pecho y las piernas”.
Solo dos días después, el portavoz de Acaip-UGT refirió otro caso parecido, también en la prisión de Algeciras, y con otro interno conflictivo, privado de libertad desde el año 2011, clasificado en primer grado de tratamiento, “el más estricto de todos por inadaptación al régimen ordinario”, y con una larga trayectoria delictiva y más de 120 expedientes sancionadores. “A las 20.00 horas salta la alarma contraincendios en una celda; los compañeros acuden, no hay humo pero sí un fuerte olor a quemado; preguntado el interno que la ocupa reconoce que ha quemado papeles porque quiere que le cambien a otra galería. Se le responde negativamente y sin mediar palabra golpea a un funcionario, por lo que termina siendo reducido por otros dos que acabaron siendo atendidos en enfermería”, escribió en el comunicado enviado a los periodistas.
“Es una plaga, no se puede trabajar así”, lamenta en conversación telefónica. Pero Instituciones Penitenciarias no reconoce la gravedad del problema. De hecho, el Gobierno respondía una pregunta parlamentaria sobre agresiones en los centros penitenciarios en la provincia de Cádiz y concluía que “a partir de 2020 se han reducido significativamente”.
Alcaraz se indigna cuando comenta los datos proporcionados por el Ejecutivo al diputado nacional José Ortiz y publicados esta semana en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. A nivel nacional, Instituciones Penitenciarias asegura que se produce una agresión cada 48 horas y no cada 36 como sostienen los sindicatos, una cifra, “en cualquier caso preocupante”, apunta. Pero el problema es que “los insultos y las amenazas de muerte no pasan a engrosar las estadísticas”, lamenta. Y no lo hace porque el Protocolo Específico de actuación contra las Agresiones (Peafa) adoptado en el año 2016 no lo contempla, y tampoco computa las lesiones psíquicas. “Nació con múltiples enfermedades muy graves”, sentencia.
El portavoz de Acaip-UGT explica que el documento “asume que las agresiones son parte de la actividad laboral del trabajador, justificándolo por ser el interno portador de una serie de carencias de tipo formativo, social o educativas”. “Si ese mismo interno propinara un tortazo a un juez durante un juicio y una patada al fiscal, ¿se tendría la misma permisividad?”, se pregunta. Además, advierte de que, si bien el Peafa hace mención a la necesidad de potenciar la participación en programas de tratamiento, “no señala que son voluntarios y que no hay personal suficiente para llevarlos a cabo”.
Por otra parte, subraya que el texto no aborda las causas de las agresiones, sino que “se limita a estudiar la actuación del empleado”, sin tener en cuenta la falta de personal, que no se cumpla con la formación continua, las relaciones de puestos de trabajo obsoletas, el envejecimiento de las plantillas, la masificiación de presos, el consumo de drogas o las patologías mentales.
“Tampoco reconoce la protección jurídica de los trabajadores”, una medida preventiva que permitiría también poner a disposición de la víctima los servicios de la Abogacía del Estado. Pero ni tan siquiera se ofrece asistencia psicológica. “Este miércoles, cinco compañeros de Botafuegos se vieron solos en el juicio donde se condenó a un interno por insultos y amenazas de muerte.
“El Gobierno no puede dejar a su suerte a sus propios trabajadores, no puede mirar hacia otro lado como ha hecho hasta ahora”, añade, por lo que “Acaip-UGT y CSIF presentaron este miércoles una denuncia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados contra el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, por su inoperancia para hacer frente a las agresiones, a la vez que pidieron su cese al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su incapacidad para hacer frente a la multitud de problemas que asolan las prisiones”.
