La Intervención Provincial de la Diputación de Cádiz cuestiona las subvenciones gestionadas por la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) por importe de 3,5 millones de euros entre los años 2017 y 2019 en un demoledor informe de control financiero.
El documento, del que se da cuenta en el Pleno de la institución en la mañana de hoy, explica que el órgano fiscalizador procedió a analizar las ayudas otorgadas a la entidad presidida por Javier Sánchez Rojas por el importe económico acumulado tan elevado percibido en el periodo de referencia, 820.000 en 2017; 1.218.000 euros más en 2018 y 1.250.000 en 2019.
Por otra parte, intervención justifica su actuación por el solapamiento de los plazos de ejecución de los proyectos y justificación de los mismos.
Como primera valoración, determina la dificultad de llevar a cabo un control efectivo de los fondos públicos por el sistema establecido y sus plazos, con convenios, adendas y demoras en la aprobación de las cuentas justificativas.
En segundo lugar, y dado el papel que asume en los convenios suscritos la organización dirigida por Sánchez Rojas, la Intervención plantea que sea la propia institución provincial la que gestione directamente las subvenciones a través de los procedimientos legales establecidos para las administraciones públicas, bases, convocatorias, condiciones y requisitos, en lugar de que sea la CEC la que reparta ayudas con cargo a los fondos públicos que recibe.
De esta manera, añade, con la Diputación como responsable directo se posibilitaría un mayor control y transparencia, así como una mayor publicidad, objetividad y concurrencia. En el caso de la CEC, no se da a las actuaciones realizadas la publicidad que requiere el principio de transparencia que rige la actuación de las administraciones públicas. Y detalla que las pocas publicaciones que se realizaron en el BOP remiten a la web de la organización empresarial y, una vez que se accede a ella, es muy complicado encontrar las ayudas económicas, salvo que se conozca previamente su existencia.
La Intervención cuestiona la ambigüedad de las subvenciones y la confusión entre las mismas. Hasta el punto de que coinciden los objetivos.
Además, advierte de que, dado que las subvenciones se reiteran durante tres ejercicios, entre 2016 y 2018, y se proyectan en la misma línea para 2019, esta medida debe ir acompañada de un estudio de logros o deficiencias en el sector.
La Intervención también plantea modificar la forma de pago, dado que todas las subvenciones relacionadas en el informe prevén el pago anticipado y concreta que convenios de 2017 y 2018 plantean el abono del segundo 50% una vez presentada la justificación de un porcentaje de pago adelantado, previamente a la aprobación de la cuenta justificativa. Ese porcentaje, además, desciende por anualidad, pasando del 75% en 2017 al 50% y, de manera sucesiva, al 25%.
En otra ayuda, el pago anticipado es del 100% sin que la Intervención tenga constancia justificada y razonada al respecto, tal y como requiere la norma. En esta cuestión, subraya que, si el beneficiario justifica un importe inferior al adelantado, debe abonar intereses de demora. Si no, podría suponer, en la práctica, una fuente de financiación de la CEC, desviertuando el pago anticipado y la regulación establecida.
Por último, el documento se refiere igualmente a la necesidad de que el presupuesto del ejercicio financie gasto del propio ejercicio. Sin embargo, en las subvenciones otorgadas a la entidad se registran amplios plazos de ejecución y justificación, con numerosas prórrogas mediantes adendas. Y, por otro lado, la Intervención afirma que las memorias de proyectos presentan numerosas deficiencias y éstas no se incorporan a los expedientes para explicar de manera clara y breve la verificación económica de los proyectos. También observa deficiencias en el estudio de los justificantes de gastos que se auditan.
“Sin información, sin preocupación”
Cuestionado sobre el informe, el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, ha admitido que se notificaron “errores y números bailados”, pero se presentaron alegaciones y, desde entonces, “no he sabido nada”. “No hay información al respecto ni preocupación”, ha resumido, y ha asegurado que no “tiene constancia” de que Diputación haya iniciado procedimientos de reintegros. Con respecto a a las bases del nuevo marco de ayudas, aprobado en el último Pleno de Diputación, el Acuerdo Marco para la Activación y Dinamización Empresarial y Sindical DipuActiva 2020-2022, dotado con seis millones de euros, ha indicado que varía con respecto al anterior y está a la espera de su puesta en marcha.
