España recibirá un préstamos de 21.300 millones de euros del fondo europeo contra el desempleo, denominado SURE, para financiar programas como los expedientes de regulación temporal de empleo.
En la provincia de Cádiz, solo entre los meses de abril y junio, los ERTE han elevado la factura de las prestaciones por desempleo hasta los 383,2 millones de euros. En ese mismo trimestre del año anterior, contando solo entonces con el importe destinados a los parados con subsidio, el gasto alcanzó los 142,6 millones.
El Gobierno central, la patronal y los sindicatos valorarán mañana la prórroga al menos hasta final de año de este mecanismo para salvar puestos de trabajo y empresas.
“Es la única manera de soportar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria”, reconoce José Blas Fernández, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta y del Consejo Andaluz de Colegios, quien considera, no obstante, que habría que llevar a cabo la revisión de la normativa actual para evitar que se cometa fraude en el futuro inmediato.
En este sentido, apunta a que la práctica ilegal más común detectada en los últimos meses es la de continuar trabajando “a puerta cerrada” pese a estar acogido a un ERTE, o trabajar a tiempo completo a pesar de encontrarse en ERTE de reducción de jornada, pero también señala otras argucias para beneficiarse de los fondos públicos en plena crisis.
“Hay quien se ha aprovechado al ser declarado no apto en periodo de pruebas en connivencia con el empresario: con dos días de contrato, al margen de la cotización, y sin cumplir la quincena, ha pasado directamente al desempleo con derecho a prestación”, explica.
También ha bastado para cobrar del Estado el simple hecho de alegar que existía intención de ser contratado por la empresa pero no haber podido incorporarse al puesto de trabajo por la pandemia.
E incluso, señala, se han elevado las bases de cotización para poder percibir una mayor ayuda económica.
Fernández advierte de que la Inspección de Trabajo está llevando una campaña para detectar irregularidades. En la mayoría de estos casos, se considerarían infracciones graves con multas de hasta 187.551 euros por cada trabajador.
Pero, por otro lado, subraya que el colapso de la administración autonómica, que reconocía las resoluciones, llevó a que se concedieran ERTE por silencio positivo. No es impensable, agrega, que ahora se revisen los expedientes y haya que devolver las ayudas recibidas en caso de que no se ajusten las solicitudes a la situación de la empresa.
