El Juzgado de lo Penal 1 de Motril (Granada) ha acogido este lunes el juicio contra el que fuera hasta el pasado mandato alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), por presuntamente haber obstruido desde el Ayuntamiento la labor del Defensor del Pueblo Andaluz, acusación que ha negado y por la que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de nueve meses de prisión y dos años de inhabilitación para cargo público por un delito contra las instituciones del Estado.
Durante su declaración en sede judicial, el exregidor ha atribuido el "retraso" en sus contestaciones al Defensor a algo "no intencionado" y ha explicado que se debió a la "carga" de trabajo que tenía que soportar un funcionario municipal encargado del área jurídica que que tenía que responder a las cuestiones reclamadas.
Según ha asegurado, a raíz de la denuncia presentada por el Defensor del Pueblo en 2008 se tomaron las medidas oportunas para reforzar este área que, según ha dicho, estaba colapsada por temas urbanísticos, "y agilizar los expedientes que había atascados".
Además se abrió una investigación interna y se pidió la colaboración del resto de concejalías para que agilizaran los expedientes que les correspondía, ha dicho Benavides, que ha alegado así una "saturación del trabajo" provocada por un millar de casos pendientes de responder, pero ha indicado que "nunca se dejó de contestar por falta de voluntad".
Benavides ha declarado además que el Ayuntamiento no recibió ninguna queja oficial por parte de la oficina Defensor de Pueblo Andaluz, si no que se enteró de la denuncia "a través de los medios de comunicación".
La Fiscalía solicita para Benavides, que sigue siendo concejal en el Ayuntamiento de Almuñécar por Convergencia Andaluza (CA) aunque sin dedicaciones de gobierno, nueve meses de prisión y dos años de inhabilitación para cargo público por un delito contra las instituciones del Estado tras su falta de colaboración "sistemática y persistente" con el Defensor del Pueblo Andaluz. La falta de colaboración se refiere a seis expedientes de queja de naturaleza urbanística en las que se efectuaron peticiones de informe.
Tras declarar el acusado y los testigos, entre ellos dos concejales de su equipo de gobierno, Eva Gaitán y Miguel Ávila, así como el funcionario responsable del área jurídica, el juicio ha quedado visto para sentencia.
La defensa de Benavides pide la libre absolución porque, según mantiene, no se ha demostrado que el entonces alcalde influyera en el retraso de las respuestas al Defensor del Pueblo Andaluz.
PRONUNCIAMIENTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
Preguntado por este asunto en Sevilla, el Defensor del Pueblo, José Chamizo, ha dicho este lunes que no se alegra de que este caso haya tenido que llegar a juicio, aunque ha recordado que "las reglas del juego son las que son".
"No solo por la institución, sino por la persona que se ha dirigido a la institución y que necesita una respuesta", ha dicho el defensor, que ha indicado que "ha habido otros casos" pero que el de Almuñécar "es el más llamativo".
"Entiendo que en estas instituciones --la Defensoría-- debe prevalecer el diálogo, la mediación, pero cuando alguien se cierra en banda no es solo por el Defensor, sino porque se está desatendiendo a un ciudadano, y por ahí no pasa el Defensor. Después de 20 escritos, llamadas y demás, si no da una respuestas va al juzgado porque lo permite el Código Penal", ha sostenido.
