El concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Albolote (Granada), Javier García (PP), ha presentado su dimisión "por motivos personales y familiares" después de que el PSOE le acusara de facturar al Ayuntamiento gastos correspondientes a empresas de su propiedad, aunque sin actividad, unas supuestas irregularidades que el equipo de gobierno (PP-PA), encabezado por el alcalde Pablo García, ha negado en todo momento.
En un comunicado, el edil asegura que ha tomado esa decisión ante el "malestar" que ha provocado a su familia estas acusaciones y ha considerado que puede "defender mejor su honor" desde fuera de la política.
Además, según afirma, está estudiando iniciar acciones legales "contra los partidos que han vertido acusaciones falsas" sobre su gestión, por ser "la mejor vía" para defender a su propia familia, y no dañar al alcalde y ni a su equipo de gobierno.
El PSOE de Albolote le exigió al alcalde que aclarase las razones por las que el Ayuntamiento facturó con algunas empresas que no tienen actividad material por un valor mínimo de 90.000 euros a sociedades vinculadas al edil de Economía.
La portavoz del grupo municipal socialista, Concha Ramírez, señaló de hecho que incluso una de estas empresas, suministradora de productos de limpieza y sanitarios, tiene el mismo domicilio social en la casa particular del concejal de Economía, que fue administrador de la empresa.
Sin embargo, el Gobierno local del Ayuntamiento de Albolote (PP-PA) negó un presunto trato de favor por parte del concejal de Economía y Hacienda, y el alcalde, Pablo García, junto con el portavoz popular, Salustiano Ureña, aseguraron contar con documentos, facturas e informes que avalarían la legalidad de todas y cada una de las compras y contrataciones que lleva a cabo el Ayuntamiento y desmontarían "cualquier actuación irregular".
García acusó a los socialistas de mentir "ya que si realmente quisieran buscar la verdad habría acudido a los técnicos municipales y habrían solicitado las explicaciones pertinentes en un pleno y no ante los medios de comunicación y si tuvieran alguna duda de que se hubiese cometido una ilegalidad se habrían ido al juzgado".
