Bautista ha dicho entre 150 y 200 las páginas web de descargas de contenidos ilegales sujetos a derechos de autor que deberían cerrarse y que son “el verdadero objeto de la ley”, ya que llevan mucho tiempo operando fuera de la legalidad “con un desprecio total a los derechos de autor”.
El director ejecutivo de la entidad que gestiona los derechos de autores y editores estima que estas páginas facturan una media anual de diez millones de euros procedentes de las descargas ilegales de películas y música de alrededor de siete millones de particulares.
La Ley Sinde, incluida como disposición final en la Ley de Economía Sostenible, permite el cierre de estas webs por orden judicial y está en vigor desde el pasado 6 de marzo, aunque estará operativa una vez se elabore el reglamento de la norma y se constituya la Comisión de Propiedad Intelectual.
Para Bautista esta ley es “la mejor que se podía hacer en este momento”, si bien cree que su regulación no va a ser fácil, ya que el espacio electrónico es “muy dinámico”.
En este sentido, advierte de que ya hay algunas de estas web que comienzan a mudar sus servidores a Marruecos.
