El Consejo Político de Izquierda Unida ha querido lamentar a través de un comunicado la Sentencia dictada por la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, que desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Rota contra la sentencia estimatoria del recurso formulado por el Ministerio de Defensa por la que se le reconoce a éste el derecho a la exención del IBI correspondiente al año 2009 de los inmuebles no afectos a la defensa dentro del recinto de la Base Naval, una desestimación que es contraria a los intereses de la localidad.
Desde Izquierda Unida recuerdan que a raíz de una enmienda del Grupo Popular en el Senado, por el que todos los inmuebles del recinto militar de la Base Naval “son afectos a la defensa”, y que eliminaba la expresión “directamente afectos a la defensa", el Ministerio de Defensa está exigiendo al Ayuntamiento de Rota la devolución de los Impuestos de Bienes Inmuebles de la Base Naval cobrados mediante compensación. Y, lo que es peor, según señalan desde el partido, la Justicia le viene dando la razón. Ello conlleva una deuda que puede rondar los diez millones de euros para las arcas municipales.
De ahí la importancia de que el estudio presentado estos días del 'Cálculo de las Deudas Históricas asociadas a la implantación de la Base Naval' llegue a buen puerto y sea el inicio de negociaciones con el Gobierno Central.
El partido señala que ha sido una constante de todas las Corporaciones Locales, a lo largo de todas las legislaturas municipales, la reivindicación del derecho a compensaciones económicas por la singularidad de Rota como pueblo, por el hecho de tener un tercio de su término municipal ocupado por la Base Naval. En la actual legislatura estas reivindicaciones se han mantenido. De ahí que se consensuara por todos los grupos políticos la actualización del documento realizado en el año 2000, que recogía todas las demandas de Rota, no sólo las del terreno de los impuestos, sino las del punto de vista de la servidumbre soportada.
En este nuevo documento, presentado hace unos días, se incorpora un elemento nuevo y es el de considerar que la población del municipio no es sólo la que se encuentra censada, sino que existe una población no censada de unas diez mil personas más. Ello conlleva que las transferencias de la PIE (participación de los tributos del Estado), se vería aumentada en dos millones de euros anuales, ya que la PIE va en consonancia con el número de habitantes.
